Ahora sí no existe ninguna duda que el nombramiento de Javier Velásquez Quesquén como presidente del Consejo de Ministros, decisión tomada hace un año por Alan García, se dio para que sea la caja de resonancia de un régimen cada vez más radicalizado que lo que fue cuando comenzó a gobernar en el 2006.
La muestra es que el accionar de Velásquez desde la PCM es mucho más radical e intolerante que el de sus antecesores. Jorge del Castillo trató de buscar el diálogo en medio de los conflictos sociales, de allí el apelativo de “bombero” que recibió durante su gestión. Yehude Simon, con menos éxito, tuvo un lenguaje conciliador y no buscó la confrontación. Sin embargo, su poca energía fue acaso una de las causas del “baguazo”.
Sin embargo, está claro que desde que García asumió la presidencia de la República el 28 de julio del 2006, su segundo mandato tenía tintes de derecha. Todo para favorecer la inversión privada en petróleo y minería, a costa del maltrato al medio ambiente y la depredación de la sierra y selva peruanas.
Velásquez Quesquén también tiene esta orientación. El “baguazo” no sólo fue responsabilidad de Simon, junto a sus “Meches” Aráoz y Cabanillas. También tuvo que ver el actual primer ministro, pues cuando fue presidente del Congreso (cargo que ejerció hasta hace un año atrás) impulsó la aprobación de los decretos legislativos 1015 y 1073, los mismos que fueron el origen de las protestas en la amazonía, con el desenlace trágico que todos conocemos.
Hace poco, defendió la expulsión del Perú del religioso británico Paul Mc Auley, quien reside en el departamento de Loreto y promueve la defensa del medio ambiente en esta zona de nuestra selva. Velásquez aseguró que Mc Auley fomentaba protestas contra el régimen de García. A pesar que un juzgado de Maynas permitió un hábeas corpus a favor de Mc Auley para que la medida de expulsión no se concrete, Velásquez anunció que su gabinete apelaría la decisión judicial.
Ahora ha anunciado que planteará el retiro parcial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar indemnizaciones a terroristas que han sido ordenadas por esta jurisdicción. Sin embargo, esta decisión podría poner en peligro a quienes se muestren en contra de la política del régimen, pues pueden ser tomados como subversivos y ser sancionados sin posibilidad de un debido proceso y ni siquiera podrían apelar a la Corte.
Debemos recordar que esas mismas decisiones de la CIDH de indemnizar a elementos de Sendero Luminoso y el MRTA se tomaron porque no se les realizó el debido proceso (época de Fujimori). Pero este es otro tema.
El asunto es que desde que Velásquez asumió el premierato, el régimen se radicaliza más. Lo que no sabemos es si es con perfil propio, o si alguien desde Palacio lo maneja como marioneta. Parece ser más lo segundo.
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