No nos olvidemos de Keiko

Todos salen a hablar de Ollanta Humala ahora que lidera las encuestas. Le echan la culpa de la caída de la bolsa de valores (cosa que, por cierto, no sólo se produjo en el Perú, sino en el mundo), así como del alza del dólar. Un día le echarán la culpa de que la selección no clasifique para el mundial de Brasil 2014.

Es cierto que Humala genera dudas. En lo personal, no es un cuco. Lo que sí es cierto es que hay desconfianza. Es como el equipo que clasifica por primera vez a la Copa del Mundo, y uno no sabe qué hará. Hay algunas cosas en su discurso que no quedan claras. Pero de allí a seguir el coro de los derecha, existe una tremenda distancia.

Es que parece que la derecha nos quiere hacer olvidar de la otra cara de la moneda. Esa que, extrañamente, la derecha no toca. Y que apoyaría sin chistar si es que pasa a la segunda vuelta, como todos temen, con Humala.

Se trata de Keiko Fujimori, la heredera de ese personaje que ahora está privado de su libertad por asesino y por ladrón.

Se dice de todo de Humala, pero no se advierte el peligro que representan para la democracia los Fujimori. Mucha gente olvida lo que se vivió en los '90 con esta dictadura que compartió el sátrapa con su compinche Vladimiro Montesinos. No hace falta recordar el autoritarismo con que se gobernó; el cierre del Congreso en 1992; los crímenes contra los derechos humanos en Barrios Altos, La Cantuta, las desapariciones y las torturas; la compra de la línea editorial de los medios de comunicación; la confección de una Constitución a la medida de los grupos del poder económico en desmedro de los derechos laborales y las comunidades, y que de paso, le permitía la reelección al dictador; el soborno a congresistas de la oposición para que se pasen al oficialismo y se conviertan en tránsfugas; un asesor presidencial estrechamente vinculado con el narcotráfico. ¿Quieren más?

El mito de la victoria contra el terrorismo se cae de maduro, pues la captura de Abimael Guzmán se dio por la estrategia desplegada silenciosamente por el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), comandado por Benedicto Jiménez como consta en el libro La Cuarta Espada de Santiago Roncagliolo, y también podemos ver una reseña en el blog de Marco Sifuentes.

Todo ese aparato de corrupción y autoritarismo fue desmontado gracias a la valiente decisión política de Valentín Paniagua, a quien no le tembló la mano para establecer un sistema anticorrupción para sancionar a todos los responsables de los crímenes perpetrados en esa década infame. Toledo continuó a medias ese camino (y quizás por eso lo odian), y García más bien trató de desmontar todo ese sistema, que igual fue lo suficientemente fuerte para extraditar al dictador Fujimori y condenarlo a prisión.

Ahora ese mismo oscurantismo quiere volver a gobernarnos. Y vuelve con sed de venganza, comenzando por la liberación del dictador, que aunque negada por Keiko, es proclamada por sus candidatos al Congreso.

Lo que la derecha no entiende, es que podría hacer una propuesta de gobierno legítima, con sus puntos de vista de la economía, bajo los linderos de la democracia. Prefiere ganar elecciones bajo el legado del dinero (Lourdes 2001 y 2006; PPK 2011), o en todo caso, con el paraguas del autoritarismo (Keiko 2011). Pero nunca con ideas; siempre con ataques. Y con gente que canta en coros.

Esos mismos que se escudan bajo la sombra del gracioso PPKuy, son los mismos que no escatimarán apoyo a la hija del dictador si llega a una segunda vuelta con Humala. Incluso si el rival no fuera Humala, sino el mismo Alejandro Toledo.

Vargas Llosa, la democracia y los derechos humanos

Para muchos militantes de izquierda en América Latina, debe haber asombrado la unanimidad con que se ha celebrado en el Perú la premiación a Mario Vargas Llosa como Nobel de Literatura 2010. Sectores de derecha y de izquierda han manifestado su alegría y han coincidido en que el laureado escritor peruano se merecía desde hace tiempo esta distinción.

La coincidencia no radica solamente en cuanto a la valoración de la calidad narrativa y descriptiva de Vargas Llosa al momento de escribir sus novelas, cuentos y ensayos. El Nobel peruano ha logrado un consenso entre dos posiciones que pueden ser antagónicas en cuanto a su visión de la economía, pero que tienen una visión común en cuanto a la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Es conocido que Vargas Llosa fue un izquierdista militante, que rompió con Cuba y terminó convirtiéndose en un liberal. Pero en todo su caminar, tanto en la literatura como en la política, demostró que sigue una línea y un derrotero: la crítica a todo autoritarismo, sea de derecha o de izquierda; la libertad del ser humano para decidir; y la defensa de los derechos humanos.

Como muestra están algunas de sus más connotadas novelas. Tanto en Conversación en la Catedral (1969) y La Guerra del Fin del Mundo (1981), acaso dos de sus mejores obras; e incluso una de las últimas, La Fiesta del Chivo (2000), Vargas Llosa muestra su oposición a las dictaduras, y su crítica a quienes detentan el poder. Por algo la academia sueca coloca entre las razones de la premación "su cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y derrota del individuo".

Pero estas posiciones no las defendió solo en sus novelas. Candidato presidencial derrotado en 1990, muchos de los que lo acompañaron en ese camino lo abandonaron y se refugiaron en los placeres del poder que ofrecía la dictadura de Fujimori. En medio de una soledad completa y con todo en contra, Vargas Llosa se pronunció sobre el autoritarismo fujimorista, incluyendo en su denuncia la corrupción y los crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, Vargas Llosa mostró su coherencia en lo que significa la defensa de la democracia.

También defendió el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y reconoció que su trabajo era importante para conocer a profundidad la violencia política vivida en el Perú durante los años '80 y '90. En ese sentido, se mostró a favor de la construcción de un Lugar de la Memoria, al que el gobierno de Alan García le puso peros inicialmente. Finalmente, el régimen cedió y Vargas Llosa asumió la presidencia de la Comisión constituida para este fin.

La emisión del Decreto 1097, llamado acertadamente "Ley de Impunidad", pues permitía que todos los procesados por violaciones a los derechos humanos tuvieran un pie y medio fuera de la cárcel, provocó la renuncia de Vargas Llosa a esta comisión. Ante el ridículo internacional, el gobierno peruano derogó el polémico decreto e incluso tuvo que cambiar al gabinete.

Aunque no coincidamos en algunas de sus posiciones (sobretodo en el tema económico), es saludable encontrar a un hombre de pensamiento liberal como Vargas Llosa que, al contrario de muchos que sueñan con el retorno del dictador ahora preso (la derecha cavernaria), cree en la democracia y los derechos humanos, puntos de partida fundamentales para construir sociedades justas, libres y solidarias.

Publicado en http://www.alcnoticias.net/interior.php?lang=687&codigo=18150&PHPSESSID=5b0a1ee27d8a43ef879605eb7bb04f23

Velásquez Quesquén, el duro

Ahora sí no existe ninguna duda que el nombramiento de Javier Velásquez Quesquén como presidente del Consejo de Ministros, decisión tomada hace un año por Alan García, se dio para que sea la caja de resonancia de un régimen cada vez más radicalizado que lo que fue cuando comenzó a gobernar en el 2006.

La muestra es que el accionar de Velásquez desde la PCM es mucho más radical e intolerante que el de sus antecesores. Jorge del Castillo trató de buscar el diálogo en medio de los conflictos sociales, de allí el apelativo de “bombero” que recibió durante su gestión. Yehude Simon, con menos éxito, tuvo un lenguaje conciliador y no buscó la confrontación. Sin embargo, su poca energía fue acaso una de las causas del “baguazo”.

Sin embargo, está claro que desde que García asumió la presidencia de la República el 28 de julio del 2006, su segundo mandato tenía tintes de derecha. Todo para favorecer la inversión privada en petróleo y minería, a costa del maltrato al medio ambiente y la depredación de la sierra y selva peruanas.

Velásquez Quesquén también tiene esta orientación. El “baguazo” no sólo fue responsabilidad de Simon, junto a sus “Meches” Aráoz y Cabanillas. También tuvo que ver el actual primer ministro, pues cuando fue presidente del Congreso (cargo que ejerció hasta hace un año atrás) impulsó la aprobación de los decretos legislativos 1015 y 1073, los mismos que fueron el origen de las protestas en la amazonía, con el desenlace trágico que todos conocemos.

Hace poco, defendió la expulsión del Perú del religioso británico Paul Mc Auley, quien reside en el departamento de Loreto y promueve la defensa del medio ambiente en esta zona de nuestra selva. Velásquez aseguró que Mc Auley fomentaba protestas contra el régimen de García. A pesar que un juzgado de Maynas permitió un hábeas corpus a favor de Mc Auley para que la medida de expulsión no se concrete, Velásquez anunció que su gabinete apelaría la decisión judicial.

Ahora ha anunciado que planteará el retiro parcial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar indemnizaciones a terroristas que han sido ordenadas por esta jurisdicción. Sin embargo, esta decisión podría poner en peligro a quienes se muestren en contra de la política del régimen, pues pueden ser tomados como subversivos y ser sancionados sin posibilidad de un debido proceso y ni siquiera podrían apelar a la Corte.

Debemos recordar que esas mismas decisiones de la CIDH de indemnizar a elementos de Sendero Luminoso y el MRTA se tomaron porque no se les realizó el debido proceso (época de Fujimori). Pero este es otro tema.

El asunto es que desde que Velásquez asumió el premierato, el régimen se radicaliza más. Lo que no sabemos es si es con perfil propio, o si alguien desde Palacio lo maneja como marioneta. Parece ser más lo segundo.

Romero vive, 30 años después

Hoy se cumplen tres décadas del asesinato del monseñor salvadoreño Óscar Arnulfo Romero.

Si hacemos un recuento histórico, el monseñor Romero es el personaje más importante de la historia de El Salvador. Cuando uno recuerda a este país de América Central, lo primero que se viene a la mente es Romero.

Y esto es porque Romero trascendió las fronteras de su país, con su discurso de plena defensa de los derechos humanos y sus denuncias ante el abuso del poder y el inminente conflicto interno que se avecinaba. Y además porque asumió la defensa de las víctimas que eran asesinadas a diario, así como de las personas que quedaban afectadas al perder a sus familiares y seres queridos. También defendió los derechos de los trabajadores y los campesinos.

Este discurso, pronunciado desde las muchas homilías y misas que le tocó oficiar, fue incómodo para el poder. Siempre los poderosos tratarán de mantener sus privilegios, y mantener como está la situación, sin importar lo que ocurra con los pobres, y aún a costa de la vida de muchos y muchas inocentes.

Quizás era más fácil quedarse callado. Cumplir simplemente con su función sacerdotal y allí quedaba la cosa. Pero Romero decidió seguir el ejemplo de Jesús, y predicar el evangelio del amor y de la vida aún sin importar las consecuencias que podría acarrearle. Allí está su famosa frase: "Si denuncio y condeno la injusticia es porque es mi obligación como pastor de un pueblo oprimido y humillado. El Evangelio me impulsa a hacerlo y en su nombre estoy dispuesto a ir a los tribunales, a la cárcel y a la muerte".

Por eso fue que lo mataron, pensando que con eso se acabaría todo, por ser peligroso para sus intereses. Pero quedaron sus ideas, sus denuncias y sus sueños de justicia y libertad, como mensaje para los salvadoreños y todos los latinoamericanos. Tal como lo dice el poema del recientemente fallecido vate peruano Alejandro Romualdo, denominado Canto Coral a Túpac Amaru, "querrán matarlo, pero no podrán matarlo". Su cuerpo fue asesinado, pero su voz profética quedó.

Esa voz profética, estoy seguro, no sólo estaba en la línea de la defensa de sus compatriotas. También era la voz de mucha gente en América Latina que clamaba justicia por esos años (y hoy la sigue clamando), en medio de feroces dictaduras, como la que se iniciara cuatro años antes de su martirio, en la Argentina, y que hoy también recordamos.

Por eso es que Romero sigue vivo. Porque su muerte y su legado quedaron como ejemplo para hoy, época en la que necesitamos afirmar la vida, la justicia social y la libertad, en un continente que aún es muy desigual y muy injusto.

Publicado en ALC Noticias:
http://www.alcnoticias.org/interior.php?codigo=16459&format=columna

Fujimori culpable: Ahora le toca a la ciudadanía

El ex presidente Alberto Fujimori ha sido condenado a 25 años de prisión por delitos contra los derechos humanos. Este hecho es un precedente en la historia reciente de América Latina, pues por primera vez, un ex presidente elegido por la vía democrática es juzgado y sentenciado por estos hechos.

El fallo judicial ha sido contundente y claro; además ha provenido de un tribunal que se ha comportado a la altura de las circunstancias. También queda el precedente de que nadie puede abusar del poder que le ha sido delegado, y más si proviene del mandato popular.

Todo esto le hace muy bien a la democracia, la que sin embargo, en el caso de nuestro país, aún tiene mucho por perfeccionar para dar una mejor calidad de vida a muchos de nuestros compatriotas.

Sin embargo, quedan aún muchas cosas por hacer, como diría el gran César Vallejo.

Los fujimoristas se han comenzado a mover. Han anunciado manifestaciones y movilizaciones en todo el país. También están copando los medios de comunicación por medio de sus voceros y sus seguidores, para hacer parecer que son la mayoría.

La verdad es que no es así. Con el respeto por quienes optan por esta posición (incomprensible desde mi punto de vista), es necesario demostrar que la mayoría de este país quiere apostar por una democracia donde imperen la justicia social, la libertad, y se defiendan los derechos humanos de todos y todas.

Por ello, todos aquellos sectores sociales, como los trabajadores, los comerciantes, los despedidos, los jubilados, los sindicatos, los estudiantes, y todos aquellos que fueron afectados por el entreguismo económico de los años ’90 (montado por Fujimori), así como las organizaciones de derechos humanos y otros movimientos sociales, culturales y políticos (¿por qué no?), debemos manifestarnos para demostrar que somos esa mayoría que cree en la democracia, y que esta puede ser perfeccionada para mejorar la calidad de vida de muchos y muchas compatriotas.

El segundo gran paso son las elecciones del 2011, donde los peruanos y las peruanas debemos dar una nueva lección, como la del 7 de abril. Debemos demostrar que no somos desmemoriados y que nuestro voto no va ser por el mal menor. Y que debemos ser, no grupos que “jalan agua para su molino”, reclamando cada uno por su causa; sino una sociedad civil empoderada y organizada para pedir a nuestros políticos que cumplan con sus compromisos de campaña, y no con sus compromisos con grupos de poder.

De lo contrario, conviviremos otra vez con advenedizos que llegan al poder y hacen lo que quieren (aunque después del antecedente de Fujimori ya no será igual), o votando por males menores cada cinco años, que llegados al poder, se alían con la derecha que siempre ha gobernado el país.

De nosotros depende, de nadie más.

Fujimori cayó… y ahora, ¿qué sigue?

Luego de casi dos años de larga espera, la Corte Suprema de Justicia de Chile decidió, en última instancia, extraditar al ex presidente Alberto Fujimori a nuestro país, a fin de que responda por acusaciones de corrupción y delitos contra los derechos humanos ocurridos durante su gobierno (1990-2000).

Pese a que no fueron considerados cinco de los doce cuadernillos en la extradición, lo fundamental está en que, dentro de los siete expedientes por los que deberá responder ante la justicia peruana, están los casos de crímenes de lesa humanidad, como las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. Son hechos que son ineludibles, debido a que no son prescriptibles.

La pregunta ahora es: ¿qué vendrá después? No se trata aquí de la absurda discusión sobre en qué penal debe ser recluido Fujimori, en su calidad de detenido. Eso lo deben resolver las autoridades competentes.

El asunto principal radica en las movidas políticas que se podrían realizar en este tiempo: este es un punto de quiebre en este momento político. Porque es sabido que, pese a tener muchos detractores, Fujimori también tiene seguidores, nos guste o no. Y no es cualquier detenido como tantos generales o ministros que fueron adeptos a su régimen. Es el pez gordo. De hecho, va generar controversia y polémica.

Aquí se comprobará realmente si el gobierno aprista tiene ese famoso “pacto bajo la mesa” con el fuimorismo, o si estos solo se colgaban del régimen de García Pérez para “ganarse alguito”, aprovechando además la cercanía a la derecha que ha demostrado el APRA en estos 14 meses de gestión. Es la oportunidad del partido de gobierno de sacarse ese peso de encima, además de dar un giro en las banderas que ha asumido: las de la derecha. Ventaja tiene: está en el poder y no necesita el apoyo incondicional de una bancada para lograr sus objetivos en el Parlamento, pues logra el apoyo del fujimorismo y Unidad Nacional cuando le conviene, e igual con los otros sectores políticos (léase UPP).

También se verá la capacidad de la oposición para reconstruirse a partir del rechazo de una buena parte de la población hacia Fujimori. Pese a su fuerza dentro del Congreso (más por el número de congresistas que por peso político), no son fuerzas que hayan podido lograr una ubicación expectante dentro de la opinión pública, como lo hiciera el APRA durante el gobierno de Alejandro Toledo. Sus denominados “líderes” no han aparecido: ni Ollanta Humala ni Lourdes Flores son siquiera la sombra de lo que llegaron a ser en las elecciones presidenciales del año pasado. Los otros sectores políticos también tienen una oportunidad para rehacerse (Acción Popular, Somos Perú, etc.)

Por último, lo más peligroso quizá, es la utilización de Fujimori, ya en suelo peruano (pese a estar en la cárcel), de la coyuntura, que podría favorecerlo en caso sepa presentarse con la imagen de un perseguido político. Pese al tiempo que ha pasado alejado del escenario nacional (aunque se ha mantenido en boca de todos), no ha perdido cintura política. Dependerá de él, así como de aquellos enemigos políticos que ganó después de 1992, su destino en la política nacional.

El tema del juicio pasa a segundo plano. Porque es un hecho que el tema se va politizar.

CVR: Cuatro años después

El pasado 28 de agosto, se cumplieron cuatro años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en el cual se da cuenta de todo un trabajo de investigación sobre los hechos de violencia ocurridos en el Perú entre 1980 y 2000, como producto de la “lucha armada” que iniciaron los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, y a los cuales se enfrentaron las Fuerzas Armadas, incurriendo ambos en graves violaciones a los derechos humanos.

Este Informe encontró algunas causas de la violencia política, a la vez que efectúa algunas recomendaciones con la finalidad de evitar hechos de naturaleza, que trajeron mucho dolor y destrucción en nuestro país. Más allá de las coincidencias o discrepancias que se pueda tener, hay que reconocer que este es un esfuerzo por comprender la historia reciente de nuestra nación, y los cambios que se debieran hacer para encaminar al país a un camino de justicia y libertad.

Sin embargo, parece que todo esto fue en vano. Gran mayoría de la población no parece interesada en esto. Una prueba es que, pese a su gobierno autoritario, entreguista y comprometido en graves violaciones a los derechos humanos, Alberto Fujimori ha mantenido cierto respaldo en la población. Esta reclama mano dura y autoridad (deseo expresado en el voto a favor de Humala), y que se solucionen conflictos sociales más vinculados al plano económico.

Pero sobre las reparaciones civiles y económicas a las víctimas de la violencia, casi no se expresan: los únicos que se manifiestan son los sectores involucrados en la defensa de los derechos humanos (que son minoría), y quienes fueron afectados por la violencia política de esos años.

Existen varias explicaciones. La primera, es que el discurso de la CVR no tuvo llegada. Pese a los esfuerzos por comunicar lo valioso del Informe Final, muchos no han sintonizado con este, quizás porque no sufrieron en carne propia el flagelo del terrorismo. Y porque consideran que es más un problema de los habitantes de la sierra. Definitivamente, aquí está marcada una gran fractura social.

Otro agregado es la gran contracampaña emprendida por un sector de ultraderecha, por medio de sus voceros políticos, personajes vinculados al Opus Dei y medios de comunicación afines, interesados en defender a los involucrados de las Fuerzas Armadas en crímenes de lesa humanidad, y calificando a quienes enarbolaban las banderas de la CVR como "caviares" o defensores de terroristas.

La tercera explicación es que, quizás, a la CVR le faltó variedad en sus integrantes. Una de las críticas es que la mayoría de los integrantes tiene un pasado vinculado a la izquierda marxista. Ese fue un flanco que aprovecharon los tenaces opositores a la comisión. Por ello, aunque existan ciertos temores o resistencias, la CVR debió ser integrada también por sectores de los partidos políticos gobernantes de esos 20 años (incluido el fujimorismo), y de allí se podría haber llegado, si no a acuerdos, por lo menos a consensos. Hubiera sido un gran paso para constituir un verdadero Acuerdo Nacional. Aunque es natural que el anti-fujimorismo estaba muy presente en aquel momento.

El último factor es el desinterés de los dos gobiernos que lo han visto pasar: el de Alejandro Toledo, y el segundo de Alan García; aunque hay que reconocer que en este se están ejecutando de a pocos las reparaciones, gracias a la posición del Primer Ministro Jorge Del Castillo, pese a una férrea oposición de sectores cercanos al gobierno, los mismos que han orquestado esa contracampaña mencionada anteriormente.

Con todo, el Informe Final de la CVR es una cuestión que debe ser tomada en cuenta. No es la Palabra de Dios, es cierto; pero es una aproximación a lo ocurrido durante dos décadas en el Perú, que nos daría herramientas para construir un futuro diferente y mejor.

Mas sobre el tema en: Virtu e fortuna, de Martin Tanaka, donde se ha abierto un interesante debate.

Demasiado optimismo por Fujimori

Luego de varias lunas, la fiscal de la Corte Suprema chilena, Mónica Maldonado, recomendó que se extradite al ex presidente Alberto Fujimori al Perú, para que responda por los delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos de los que está acusado.

La prensa local ha celebrado la decisión de Maldonado. Entre los diarios que poseen una línea de defensa de los derechos humanos, y por lo tanto más contrarios a Fuijmori, hay cierto optimismo. El Comercio tituló “Importante paso en la lucha contra la impunidad”; La República, “Fiscal chilena: ¡Extradítenlo!”. El diario Perú 21 mencionó que “Ya lo traen”, en referencia al ex mandatario.

Hasta los diarios más de derecha parecían festejar. Correo indicó que Fujimori “perdió por goleada”. El ex fujimorista Expreso (recuerden a Calmell del Solar) sugirió que al ex presidente “La cárcel lo espera”, y el fujimorista confeso La Razón manifestó que Fujimori “está en la cuerda floja”.

También se pronunciaron algunos políticos, como Ollanta Humala, quien dijo que Fujimori debería venir esposado al país, cuando se concrete la extradición.

Hay que reconocer que la decisión de Maldonado es un gran paso para que el extraditable retorne al país para que haga sus descargos sobre la corrupción y los crímenes de lesa humanidad. Maldonado se tomó el trabajo de estudiar los documentos del pedido de extradición, así como de escuchar los descargos de la defensa de Fujimori. Y al final, ha tomado una decisión importante para evitar la impunidad en el país. Hasta allí, cumplió su labor de manera eficaz.

Sin embargo, la cosa no es tan sencilla. Intervienen aquí dos factores: uno interno y otro externo.

Dentro de nuestra política, a ningún presidente le conviene tener encarcelado y enjuiciado a un ex presidente que, mal que bien, cuenta con respaldo popular. Esto podría ser una bomba de tiempo para Alan García, que preferiría tener a Fujimori lo más lejos posible. De paso, contenta a los fujimoristas que están en el Congreso, y mantiene cierta fuerza en este Poder del Estado, toda vez que el APRA no cuenta con mayoría.

En el caso de Chile, tiene la presión de Japón. El país del Sol naciente está por aprobar un Tratado de Libre Comercio con nuestros vecinos del sur, siempre y cuando no actúen contra el bienestar de Fujimori, a quien consideran ciudadano japonés; y le están agradecidos por el rescate exitoso a los rehenes en la embajada nipona en Lima, en 1997.

Además, muchos empresarios chilenos, junto a políticos de la derecha de aquel país, están agradecidos a Fujimori por haberles abierto las puertas para invertir (y ganar grandes millonadas) en el Perú, cuando el ingeniero agrónomo fue Presidente.

Es cierto que el Poder Judicial chileno es independiente, y eso queda garantizado con la decisión de Maldonado. Sin embargo, aún hay que esperar la determinación del Juez Orlando Álvarez, quien definirá si acepta o no la recomendación de extradición. Esto último vendrá acompañado de evidentes presiones. La política es otra cosa.