Luego de casi dos años de larga espera, la Corte Suprema de Justicia de Chile decidió, en última instancia, extraditar al ex presidente Alberto Fujimori a nuestro país, a fin de que responda por acusaciones de corrupción y delitos contra los derechos humanos ocurridos durante su gobierno (1990-2000).Pese a que no fueron considerados cinco de los doce cuadernillos en la extradición, lo fundamental está en que, dentro de los siete expedientes por los que deberá responder ante la justicia peruana, están los casos de crímenes de lesa humanidad, como las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. Son hechos que son ineludibles, debido a que no son prescriptibles.
La pregunta ahora es: ¿qué vendrá después? No se trata aquí de la absurda discusión sobre en qué penal debe ser recluido Fujimori, en su calidad de detenido. Eso lo deben resolver las autoridades competentes.
El asunto principal radica en las movidas políticas que se podrían realizar en este tiempo: este es un punto de quiebre en este momento político. Porque es sabido que, pese a tener muchos detractores, Fujimori también tiene seguidores, nos guste o no. Y no es cualquier detenido como tantos generales o ministros que fueron adeptos a su régimen. Es el pez gordo. De hecho, va generar controversia y polémica.
Aquí se comprobará realmente si el gobierno aprista tiene ese famoso “pacto bajo la mesa” con el fuimorismo, o si estos solo se colgaban del régimen de García Pérez para “ganarse alguito”, aprovechando además la cercanía a la derecha que ha demostrado el APRA en estos 14 meses de gestión. Es la oportunidad del partido de gobierno de sacarse ese peso de encima, además de dar un giro en las banderas que ha asumido: las de la derecha. Ventaja tiene: está en el poder y no necesita el apoyo incondicional de una bancada para lograr sus objetivos en el Parlamento, pues logra el apoyo del fujimorismo y Unidad Nacional cuando le conviene, e igual con los otros sectores políticos (léase UPP).
También se verá la capacidad de la oposición para reconstruirse a partir del rechazo de una buena parte de la población hacia Fujimori. Pese a su fuerza dentro del Congreso (más por el número de congresistas que por peso político), no son fuerzas que hayan podido lograr una ubicación expectante dentro de la opinión pública, como lo hiciera el APRA durante el gobierno de Alejandro Toledo. Sus denominados “líderes” no han aparecido: ni Ollanta Humala ni Lourdes Flores son siquiera la sombra de lo que llegaron a ser en las elecciones presidenciales del año pasado. Los otros sectores políticos también tienen una oportunidad para rehacerse (Acción Popular, Somos Perú, etc.)
Por último, lo más peligroso quizá, es la utilización de Fujimori, ya en suelo peruano (pese a estar en la cárcel), de la coyuntura, que podría favorecerlo en caso sepa presentarse con la imagen de un perseguido político. Pese al tiempo que ha pasado alejado del escenario nacional (aunque se ha mantenido en boca de todos), no ha perdido cintura política. Dependerá de él, así como de aquellos enemigos políticos que ganó después de 1992, su destino en la política nacional.
El tema del juicio pasa a segundo plano. Porque es un hecho que el tema se va politizar.
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