Fujimori cayó… y ahora, ¿qué sigue?

Luego de casi dos años de larga espera, la Corte Suprema de Justicia de Chile decidió, en última instancia, extraditar al ex presidente Alberto Fujimori a nuestro país, a fin de que responda por acusaciones de corrupción y delitos contra los derechos humanos ocurridos durante su gobierno (1990-2000).

Pese a que no fueron considerados cinco de los doce cuadernillos en la extradición, lo fundamental está en que, dentro de los siete expedientes por los que deberá responder ante la justicia peruana, están los casos de crímenes de lesa humanidad, como las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos. Son hechos que son ineludibles, debido a que no son prescriptibles.

La pregunta ahora es: ¿qué vendrá después? No se trata aquí de la absurda discusión sobre en qué penal debe ser recluido Fujimori, en su calidad de detenido. Eso lo deben resolver las autoridades competentes.

El asunto principal radica en las movidas políticas que se podrían realizar en este tiempo: este es un punto de quiebre en este momento político. Porque es sabido que, pese a tener muchos detractores, Fujimori también tiene seguidores, nos guste o no. Y no es cualquier detenido como tantos generales o ministros que fueron adeptos a su régimen. Es el pez gordo. De hecho, va generar controversia y polémica.

Aquí se comprobará realmente si el gobierno aprista tiene ese famoso “pacto bajo la mesa” con el fuimorismo, o si estos solo se colgaban del régimen de García Pérez para “ganarse alguito”, aprovechando además la cercanía a la derecha que ha demostrado el APRA en estos 14 meses de gestión. Es la oportunidad del partido de gobierno de sacarse ese peso de encima, además de dar un giro en las banderas que ha asumido: las de la derecha. Ventaja tiene: está en el poder y no necesita el apoyo incondicional de una bancada para lograr sus objetivos en el Parlamento, pues logra el apoyo del fujimorismo y Unidad Nacional cuando le conviene, e igual con los otros sectores políticos (léase UPP).

También se verá la capacidad de la oposición para reconstruirse a partir del rechazo de una buena parte de la población hacia Fujimori. Pese a su fuerza dentro del Congreso (más por el número de congresistas que por peso político), no son fuerzas que hayan podido lograr una ubicación expectante dentro de la opinión pública, como lo hiciera el APRA durante el gobierno de Alejandro Toledo. Sus denominados “líderes” no han aparecido: ni Ollanta Humala ni Lourdes Flores son siquiera la sombra de lo que llegaron a ser en las elecciones presidenciales del año pasado. Los otros sectores políticos también tienen una oportunidad para rehacerse (Acción Popular, Somos Perú, etc.)

Por último, lo más peligroso quizá, es la utilización de Fujimori, ya en suelo peruano (pese a estar en la cárcel), de la coyuntura, que podría favorecerlo en caso sepa presentarse con la imagen de un perseguido político. Pese al tiempo que ha pasado alejado del escenario nacional (aunque se ha mantenido en boca de todos), no ha perdido cintura política. Dependerá de él, así como de aquellos enemigos políticos que ganó después de 1992, su destino en la política nacional.

El tema del juicio pasa a segundo plano. Porque es un hecho que el tema se va politizar.

Como puere japonés... ¡bien criollazo!

Alberto Kenya Fujimori ha decidido aceptar la ¿invitación? para postularse como Senador del Parlamento japonés, realizada por el Nuevo Partido del Pueblo, agrupación política del país del lejano oriente. Es una jugada clave (no sabemos si magistral) en pos de eludir la inevitable extradición que concedería el juez chileno Orlando Álvarez, quien autorizaría su envío al Perú para que responda ante nuestra justicia por los delitos de corrupción y contra los derechos humanos de los que se le acusa.

Es claro que si Fujimori resulta electo senador (que era lo mínimo que pretendía en 1990 en el Perú, ¡y salió presidente!), inmediatamente será pedido por el Japón, para que acuda a ejercer el cargo que supuestamente podría obtener por el voto popular. Pero más que los beneficios que tendría por pertenecer a la cámara alta nipona, la idea de Fujimori es eludir su responsabilidad judicial, aprovechando su ciudadanía japonesa.

Además de ser una patraña, es notorio que se trata de un evidente acto de desesperación, puesto que las cosas ahora parecen jugarle en contra. No creemos que haya sido invitado: es claro que adeptos a Fujimori podrían haber realizado gestiones ante partidos políticos japoneses para que lo convoquen como candidato, y de esta forma tenderle una salida al extraditable de todo lo que le espera.

Con esto demuestra nuevamente que es un cobarde ante el pueblo peruano. En el 2000, al renunciar por fax desde Tokio, evitando afrontar todas las acusaciones que ya lo lapidaban en aquel entonces, luego de descubrirse la maquinaria de corrupción que existió durante su régimen, y la persecución política que realizó a sus opositores. Incluso quedará como cobarde ante sus seguidores, quienes luego de imaginar la vuelta soñada de su líder para incursionar nuevamente en la política nacional, se quedarán decepcionados al comprobar que no será así.

Por si fuera poco, sería el único caso en la historia en el que un ex presidente de un país ocupa en cargo político en otro, como en la época de esos reyes europeos que heredaban hasta cinco coronas de diferentes naciones, como el famoso Carlos V.

Todo esto nos recuerda una vieja canción llamada “Como puere japonés”, brillante polca del pícaro dúo “Los Troveros Criollos”, que marcara época en la década de 1950, en la cual relatan la historia de un japonesito que aprende todas las costumbres del limeño vivo, como sus trampitas y su “replana”.

Resulta que ahora el japonés resultó vivo, no por ser “bien criollazo”, en el sentido del vivo del barrio, sino por sacarle la vuelta al pueblo peruano entero.

Cuidado con la soberbia, Keiko

Ha sido sorprendente la reacción de la congresista Keiko Sofía Fujimori, hija del extraditable Alberto Fujimori, luego de los últimos sucesos que han ido en contra los planes de su padre y sus partidarios. El último fin de semana, declaró que la posibilidad de que su padre fuera extraditado de manera definitiva al Perú, no le convenía al gobierno del presidente Alan García, en declaraciones al diario chileno El Mercurio.

Después de una tranquilidad sosegada en el fujimorismo, mostrada en el rostro llenito y sonriente de Keiko Sofía, y de un beneplácito de su bancada ante toda acción del régimen aprista, (que da lugar a pensar que existe una alianza entre estos dos grupos), llegó la desesperación en las filas de este ¿partido?, ante la inminente extradición de su líder, que debe responder ante la justicia de nuestro país por los delitos de corrupción y contra los derechos humanos cometidos durante su gobierno.

Incluso, sus más “achoradas” representantes, como Carmen Lozada y Martha Moyano, han amenazado con la toma de las calles de parte de sus “muchos” seguidores y la llegada de una convulsión social, si es que Fujimori es juzgado y sentenciado en el Perú, y tácitamente han pedido al gobierno que les apoye.

Esta actitud demuestra la desesperación en que han caído sus seguidores (no sabemos cuántos son, pero las últimas elecciones regionales y municipales los “expectoraron” del mapa), porque saben que si Fujimori es finalmente condenado a prisión, su organización desaparecerá y sus esbirros quedarán a la intemperie, abandonados, algunos aún con cuentas pendientes con la justicia.

De otro lado, también se denota soberbia en la actitud de la nueva líder del fujimorismo (mientras subsista). Porque cree que moverán las masas como antaño, cuando tenían la prensa controlada, y movían sus portátiles a los mítines del “Chino”, en la campaña de la engorrosa elección del 2000. Y si salieran, también resucitaría esa oposición que salió a las calles en la marcha de los cuatro suyos, ahora un poco adormitada.

Ante ello, el gobierno debe dar una respuesta rápida. De hecho ya lo acaba de hacer: Mauricio Mulder rechazó las declaraciones de Keiko, y deslindó de la posición de su colega de bancada Javier Valle Riestra, acusándolo de “pro-fujimorista”. Sin embargo, es la voz del secretario general del Partido Aprista; falta la del gobierno en su conjunto.

La que también debe tener respuesta rápida es la sociedad civil. Esa misma que salió a protestar en las calles en los finales de la década de los ’90, para denunciar las violaciones contra los derechos humanos, la corrupción generalizada en el Estado, el embrutecimiento al que fue sometido nuestro pueblo, y la destrucción de las instituciones. A despertarse del sueño, para demostrar que quienes estamos por la democracia y el estado de derecho, y en contra de la impunidad, somos mayoría.

Demasiado optimismo por Fujimori

Luego de varias lunas, la fiscal de la Corte Suprema chilena, Mónica Maldonado, recomendó que se extradite al ex presidente Alberto Fujimori al Perú, para que responda por los delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos de los que está acusado.

La prensa local ha celebrado la decisión de Maldonado. Entre los diarios que poseen una línea de defensa de los derechos humanos, y por lo tanto más contrarios a Fuijmori, hay cierto optimismo. El Comercio tituló “Importante paso en la lucha contra la impunidad”; La República, “Fiscal chilena: ¡Extradítenlo!”. El diario Perú 21 mencionó que “Ya lo traen”, en referencia al ex mandatario.

Hasta los diarios más de derecha parecían festejar. Correo indicó que Fujimori “perdió por goleada”. El ex fujimorista Expreso (recuerden a Calmell del Solar) sugirió que al ex presidente “La cárcel lo espera”, y el fujimorista confeso La Razón manifestó que Fujimori “está en la cuerda floja”.

También se pronunciaron algunos políticos, como Ollanta Humala, quien dijo que Fujimori debería venir esposado al país, cuando se concrete la extradición.

Hay que reconocer que la decisión de Maldonado es un gran paso para que el extraditable retorne al país para que haga sus descargos sobre la corrupción y los crímenes de lesa humanidad. Maldonado se tomó el trabajo de estudiar los documentos del pedido de extradición, así como de escuchar los descargos de la defensa de Fujimori. Y al final, ha tomado una decisión importante para evitar la impunidad en el país. Hasta allí, cumplió su labor de manera eficaz.

Sin embargo, la cosa no es tan sencilla. Intervienen aquí dos factores: uno interno y otro externo.

Dentro de nuestra política, a ningún presidente le conviene tener encarcelado y enjuiciado a un ex presidente que, mal que bien, cuenta con respaldo popular. Esto podría ser una bomba de tiempo para Alan García, que preferiría tener a Fujimori lo más lejos posible. De paso, contenta a los fujimoristas que están en el Congreso, y mantiene cierta fuerza en este Poder del Estado, toda vez que el APRA no cuenta con mayoría.

En el caso de Chile, tiene la presión de Japón. El país del Sol naciente está por aprobar un Tratado de Libre Comercio con nuestros vecinos del sur, siempre y cuando no actúen contra el bienestar de Fujimori, a quien consideran ciudadano japonés; y le están agradecidos por el rescate exitoso a los rehenes en la embajada nipona en Lima, en 1997.

Además, muchos empresarios chilenos, junto a políticos de la derecha de aquel país, están agradecidos a Fujimori por haberles abierto las puertas para invertir (y ganar grandes millonadas) en el Perú, cuando el ingeniero agrónomo fue Presidente.

Es cierto que el Poder Judicial chileno es independiente, y eso queda garantizado con la decisión de Maldonado. Sin embargo, aún hay que esperar la determinación del Juez Orlando Álvarez, quien definirá si acepta o no la recomendación de extradición. Esto último vendrá acompañado de evidentes presiones. La política es otra cosa.