La coincidencia no radica solamente en cuanto a la valoración de la calidad narrativa y descriptiva de Vargas Llosa al momento de escribir sus novelas, cuentos y ensayos. El Nobel peruano ha logrado un consenso entre dos posiciones que pueden ser antagónicas en cuanto a su visión de la economía, pero que tienen una visión común en cuanto a la defensa de la democracia y los derechos humanos.
Es conocido que Vargas Llosa fue un izquierdista militante, que rompió con Cuba y terminó convirtiéndose en un liberal. Pero en todo su caminar, tanto en la literatura como en la política, demostró que sigue una línea y un derrotero: la crítica a todo autoritarismo, sea de derecha o de izquierda; la libertad del ser humano para decidir; y la defensa de los derechos humanos.
Como muestra están algunas de sus más connotadas novelas. Tanto en Conversación en la Catedral (1969) y La Guerra del Fin del Mundo (1981), acaso dos de sus mejores obras; e incluso una de las últimas, La Fiesta del Chivo (2000), Vargas Llosa muestra su oposición a las dictaduras, y su crítica a quienes detentan el poder. Por algo la academia sueca coloca entre las razones de la premación "su cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y derrota del individuo".
Pero estas posiciones no las defendió solo en sus novelas. Candidato presidencial derrotado en 1990, muchos de los que lo acompañaron en ese camino lo abandonaron y se refugiaron en los placeres del poder que ofrecía la dictadura de Fujimori. En medio de una soledad completa y con todo en contra, Vargas Llosa se pronunció sobre el autoritarismo fujimorista, incluyendo en su denuncia la corrupción y los crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, Vargas Llosa mostró su coherencia en lo que significa la defensa de la democracia.
También defendió el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y reconoció que su trabajo era importante para conocer a profundidad la violencia política vivida en el Perú durante los años '80 y '90. En ese sentido, se mostró a favor de la construcción de un Lugar de la Memoria, al que el gobierno de Alan García le puso peros inicialmente. Finalmente, el régimen cedió y Vargas Llosa asumió la presidencia de la Comisión constituida para este fin.
La emisión del Decreto 1097, llamado acertadamente "Ley de Impunidad", pues permitía que todos los procesados por violaciones a los derechos humanos tuvieran un pie y medio fuera de la cárcel, provocó la renuncia de Vargas Llosa a esta comisión. Ante el ridículo internacional, el gobierno peruano derogó el polémico decreto e incluso tuvo que cambiar al gabinete.
Aunque no coincidamos en algunas de sus posiciones (sobretodo en el tema económico), es saludable encontrar a un hombre de pensamiento liberal como Vargas Llosa que, al contrario de muchos que sueñan con el retorno del dictador ahora preso (la derecha cavernaria), cree en la democracia y los derechos humanos, puntos de partida fundamentales para construir sociedades justas, libres y solidarias.
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