El pasado 28 de agosto, se cumplieron cuatro años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en el cual se da cuenta de todo un trabajo de investigación sobre los hechos de violencia ocurridos en el Perú entre 1980 y 2000, como producto de la “lucha armada” que iniciaron los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, y a los cuales se enfrentaron las Fuerzas Armadas, incurriendo ambos en graves violaciones a los derechos humanos.Este Informe encontró algunas causas de la violencia política, a la vez que efectúa algunas recomendaciones con la finalidad de evitar hechos de naturaleza, que trajeron mucho dolor y destrucción en nuestro país. Más allá de las coincidencias o discrepancias que se pueda tener, hay que reconocer que este es un esfuerzo por comprender la historia reciente de nuestra nación, y los cambios que se debieran hacer para encaminar al país a un camino de justicia y libertad.
Sin embargo, parece que todo esto fue en vano. Gran mayoría de la población no parece interesada en esto. Una prueba es que, pese a su gobierno autoritario, entreguista y comprometido en graves violaciones a los derechos humanos, Alberto Fujimori ha mantenido cierto respaldo en la población. Esta reclama mano dura y autoridad (deseo expresado en el voto a favor de Humala), y que se solucionen conflictos sociales más vinculados al plano económico.
Pero sobre las reparaciones civiles y económicas a las víctimas de la violencia, casi no se expresan: los únicos que se manifiestan son los sectores involucrados en la defensa de los derechos humanos (que son minoría), y quienes fueron afectados por la violencia política de esos años.
Existen varias explicaciones. La primera, es que el discurso de la CVR no tuvo llegada. Pese a los esfuerzos por comunicar lo valioso del Informe Final, muchos no han sintonizado con este, quizás porque no sufrieron en carne propia el flagelo del terrorismo. Y porque consideran que es más un problema de los habitantes de la sierra. Definitivamente, aquí está marcada una gran fractura social.
Otro agregado es la gran contracampaña emprendida por un sector de ultraderecha, por medio de sus voceros políticos, personajes vinculados al Opus Dei y medios de comunicación afines, interesados en defender a los involucrados de las Fuerzas Armadas en crímenes de lesa humanidad, y calificando a quienes enarbolaban las banderas de la CVR como "caviares" o defensores de terroristas.
La tercera explicación es que, quizás, a la CVR le faltó variedad en sus integrantes. Una de las críticas es que la mayoría de los integrantes tiene un pasado vinculado a la izquierda marxista. Ese fue un flanco que aprovecharon los tenaces opositores a la comisión. Por ello, aunque existan ciertos temores o resistencias, la CVR debió ser integrada también por sectores de los partidos políticos gobernantes de esos 20 años (incluido el fujimorismo), y de allí se podría haber llegado, si no a acuerdos, por lo menos a consensos. Hubiera sido un gran paso para constituir un verdadero Acuerdo Nacional. Aunque es natural que el anti-fujimorismo estaba muy presente en aquel momento.
El último factor es el desinterés de los dos gobiernos que lo han visto pasar: el de Alejandro Toledo, y el segundo de Alan García; aunque hay que reconocer que en este se están ejecutando de a pocos las reparaciones, gracias a la posición del Primer Ministro Jorge Del Castillo, pese a una férrea oposición de sectores cercanos al gobierno, los mismos que han orquestado esa contracampaña mencionada anteriormente.
Con todo, el Informe Final de la CVR es una cuestión que debe ser tomada en cuenta. No es la Palabra de Dios, es cierto; pero es una aproximación a lo ocurrido durante dos décadas en el Perú, que nos daría herramientas para construir un futuro diferente y mejor.
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