¿Y aquí por qué no renuncian los políticos?

El ex presidente argentino Néstor Kirchner acaba de renunciar a la jefatura del Partido Justicialista (PJ), debido a la derrota sufrida por su agrupación política en las elecciones parlamentarias efectuadas el domingo pasado, la cual acarrea que ya no tengan mayoría absoluta en el Congreso.

Esta es una muestra de desprendimiento del líder peronista, más allá de los odios y amores que pueda generar entre los argentinos. Con esta decisión, se personifica como el responsable de la derrota electoral del PJ en las legislativas, y ante eso cede su lugar a otros líderes del peronismo, como Daniel Scioli, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Deja atrás el caudillismo y respeta la institucionalidad.

Este ejemplo debiera ser aprendido por los políticos en el Perú, quienes pese a los desastrosos resultados de sus gestiones, persisten en mantenerse en sus puestos de poder.

El primer caso es el de Yehude Simon. Más allá de su probada honestidad y su excelente desempeño como presidente del Gobierno Regional de Lambayeque, lamentablemente no ha podido reeditar esa misma performance al frente de la presidencia del Consejo de Ministros. El “Baguazo” debió ser la oportunidad para renunciar y dejar al gobierno en una situación incómoda. Sin embargo, prefirió quedarse en el cargo. Pese a sus últimas y positivas intervenciones (puso fin al conflicto en Bagua con su propuesta de derogación de los decretos de la “Ley de la Selva”, y solucionó otros en Andahuaylas), lo mejor hubiera sido irse y no esperar la censura del Congreso, la cual no se ha dado, debido a la incongruencia y torpeza de la oposición.

Otro es el de Mercedes Cabanillas, la ministra del Interior, quien ha demostrado una total incompetencia para ejercer el puesto. El “Baguazo” es la prueba más clara de ello. Pero la actitud de la lideresa aprista ha sido la de esconder la cabeza y responsabilizar a otros por algo de lo cual ella tenía la primera y última palabra. Además de algunas conductas irascibles ante la prensa que cuestiona su accionar.

No debemos olvidar otros casos, como el de Ántero Flores Aráoz, titular de Defensa, quien pese al desastre ocurrido en el VRAE hace unos meses, sigue cómodo en su sillón. Y ni qué decir de Luis Alva Castro, antecesor de Cabanillas en Interior, quien tampoco renunció en su momento.

Y la oposición no se queda atrás. Lourdes Flores ha perdido dos elecciones y sigue siendo la lideresa de Unidad Nacional. Alan García dejará la presidencia, y seguirá siendo el líder indiscutido del APRA. Y ni qué decir de Ollanta Humala y el Partido Nacionalista. Lo mismo con los eternos dirigentes de los sindicatos, que parecen haberse quedado en los años 80 y los recuerdos de la Izquierda fuerte de aquella época, y no quieren mirar que ahora casi no existe. Pese a sus fracasos, continúan como si nada hubiera pasado.

En el Perú, a los políticos les falta esa grandeza para el desprendimiento. La que tuvo el general Charles de Gaulle en 1969, quien ante la crisis política en la Francia de aquellos años, decidió someter a consulta popular unas reformas a la Constitución, poniendo como condición que si eran rechazadas, él renunciaba a la presidencia de su país. Tras la derrota, el líder político francés declinó en su puesto y se retiró de la política.

Estos ejemplos, cercanos o lejanos, debieran aprender nuestros políticos.

Gobierno arrogante y brutal

Los sucesos del pasado 5 de junio en Bagua, y las reacciones posteriores del régimen de Alan García han demostrado que no existe capacidad de enmienda. Por el contrario, se percibe un endurecimiento del gobierno basado en la soberbia y la mentira.

En primer lugar, fue el gobierno (y no los indígenas amazónicos) el que dio la orden para ejecutar las acciones contra los manifestantes en la carretera de Bagua. Así lo ha manifestado la propia ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, en entrevista al diario La República, donde indicó que el comando policial fue quien decidió la intervención.

Vale decir, fue el régimen de García el que propició la violencia, en paralelo al diálogo con las comunidades amazónicas. No fueron estas las que la iniciaron; sólo se defendieron.

Otra muestra de soberbia es la permanencia de Cabanillas en Interior y del propio presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon. Cabanillas era responsable política de los sucesos de Bagua, y le correspondía dejar su cargo. Y en una extraña decisión, Simon ha decidido seguir al frente de un gabinete que cada día se desgasta más.

Un párrafo aparte para Simon, quien tuvo la oportunidad de dejar al gobierno mal parado con una renuncia de principios, tal como lo hizo la ex ministra de la Mujer, Carmen Vildoso. Era su oportunidad para pasar al primer plano de la prematura competencia política con miras a las elecciones presidenciales del 2011. Pero parece ser que en el Perú, quien llega a un puesto de poder se obnubila.

La tercera muestra de arrogancia está en la actitud del presidente García, quien les negó a los nativos amazónicos su condición de ciudadanos. Más allá de una capacidad de enmienda, García Pérez ha preferido endurecer su discurso antes que dialogar y llamar a la paz social.

La cuarta es la del Congreso, que en esa nociva alianza que ha tendido el APRA con el derechismo de Unidad Nacional y el autoritarismo fujimorista (que amenaza volver a instalarse en el poder), han preferido hacer un triquiñuela, suspendiendo los polémicos decretos legislativos por los cuales comenzaron los paros en la amazonía, pero sin derogarlos. Antes, durante 10 meses, han estado “paseando” a las comunidades amazónicas, pensando que las iban a aburrir, pero sólo muestra la ignorancia de estos acerca de la fortaleza y resistencia de los indígenas amazónicos.

Y la última, es la cobardía utilizada por los mandos policiales (quienes, claro está, sólo obedecen órdenes superiores), al arrojar bombas lacrimógenas desde las azoteas de la Avenida Abancay, a los más de 10 mil manifestantes que pretendían llegar al Congreso en protesta por los tristes sucesos en Bagua. Esto dejó un herido (ver la foto).

No hay nada que hacer que el Gobierno se muestra cada día más intolerante, soberbio y brutal. Esto constituye una amenaza, no sólo para calmar la convulsión social que vive nuestro país, sino para la propia democracia.

Quienes creen en ella, deben unirse en un solo frente para defenderla.

Otra vez la selva

Cuando las aguas parecían haberse calmado hace varios meses (más precisamente desde agosto del año pasado) respecto a las relaciones del gobierno central con las comunidades indígenas amazónicas, el conflicto entre ambos renació.

El gobierno ha insistido con la aplicación de ciertos decretos, los cuales se dieron cuando el Congreso le dio 18 meses de facultades extraordinarias, en los que nuevamente pretende hacer privatizaciones de los recursos naturales existentes en el departamento de Loreto.

Esto puso nuevamente en pie de guerra a las comunidades, que han anunciado por medio de uno de sus principales dirigentes, Alberto Pizango, que se levantarán en insurgencia civil, pese al diálogo que ofreció el primer ministro Yehude Simon. Al final, han dado marcha atrás, al observar que sus medidas serían vistas como radicales.

Este conflicto ha sido originado por el gobierno, en su afán por privatizar los recursos naturales. Aunque el presidente Alan García haya negado que no tiene ningún compromiso con transnacionales, lo cierto es que quienes se beneficiarían con estas decisiones políticas sería el sector privado. Como siempre ha ocurrido.

Por eso es que el asunto es observado con desconfianza por los indígenas amazónicos. Porque en la historia de nuestro país, las privatizaciones y las concesiones siempre han sido favorables a las empresas privadas. El Estado sólo ha recibido migajas, y los pobladores, mucho menos que eso. Además de la represión del Estado por presiones de los empresarios.

Lo mejor es que el gobierno dé marcha atrás. No vale la pena comprarse otro pleito. El Perú ya no es el de las épocas de Odría y Prado, cuando ocurrían estas cosas y la sociedad civil no decía nada. Ahora hay una sociedad empoderada que va castigar este tipo de medidas, sea con protestas o con el voto popular el 2011.

En vez de eso, debería preocuparse por mitigar los efectos de la crisis económica internacional, los cuales de a pocos se están sintiendo con el alza de precios de algunos productos de primera necesidad, que han pasado desapercibidos por lo mediática que ha sido la gripe porcina.

Y sería bueno que el Congreso se ponga otra vez los pantalones, como en agosto, cuando derogó los decretos que en esa oportunidad causaron la ira de la Amazonía peruana.

Nadine, Ollanta y sus malas juntas

En el artículo anterior mencionábamos que el asunto de los pagos que recibía Nadine Heredia, esposa del líder nacionalista Ollanta Humala, era un tema completamente privado y que, quien tendría la autoridad para pedir cuentas sería el empleador de ésta.

Incluso pensamos que el hecho de que el entorno de un candidato presidencial deba mostrarse como “impecable”, nos parece una moralina hipócrita de quienes lo piden.

Empero, sí existe un gran problema con respecto a que es evidente el vínculo del Partido Nacionalista con el presidente venezolano Hugo Chávez, quien no contento con la autocracia que ha implantado en su país, y en algunos otros (con sus matices), parece estar obsesionado con el Perú.

Chávez no promueve la unidad latinoamericana. Más bien lo que hace es imponer un proyecto político a como dé lugar. Quien no está con él, es su enemigo.

Y lo hace por medio de los “petrodólares” con los que financia campañas. No sólo en época electoral: parece estar tomando sus previsiones para el 2011. Es claro que, con el caso Nadine, las relaciones entre Ollanta Humala y el autócrata del Caribe siguen vivas.

Esto nos da a entender que si Humala llegara al poder, se podrían instalar los mismos procesos que se dan en países como Ecuador y Venezuela: un personaje que llega al poder, instala una asamblea constituyente, la cual crea una nueva Carta Magna para “refundar la nación”, y con ese nuevo marco legal, postulan a una reelección, que es permitida indefinidamente. Chávez ya ha dado el ejemplo en ese sentido. Después, a controlar los otros poderes del Estado, los cuales perderían su independencia; destruyéndose las instituciones.

Aquí ya hemos vivido ese proceso: la década de Fujimori. La diferencia es que él entró con un marco legal, y lo interrumpió con el golpe del 5 de abril de 1992 para instalar sus propias reglas de juego. Y luego llegaron las reelecciones y toda la historia que conocemos, con la instalación de un modelo social injusto, hechos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Si Humala realmente quiere entrar al juego democrático en el país, debería deslindar claramente con Chávez. Pues de lo contrario, daría a entender que pretende seguir el camino de Chávez, quien dice establecer la justicia social (la cual no vemos) en su país, y para eso hipoteca la democracia. Es bueno recordar que tanto el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos (tímidamente ésta última) ya han manifestado su preocupación por la situación de los derechos civiles y políticos en Venezuela, ante la que el mandamás caribeño ha respondido con bravatas.

Quien aspira a liderar el país, no sólo debe demostrar decencia en sus actos, sino respeto pleno por las instituciones democráticas del país y el deslinde claro con aquellos que en América Latina no practican esto. Y demostrar que se puede instalar un gobierno de justicia social dentro del marco democrático, con relaciones por igual (sin alianzas ni arrodillamientos) con Estados Unidos y Venezuela. Como la República Oriental del Uruguay, por ejemplo.

El billete de Nadine y la otorongada

Debo decir que no soy simpatizante del partido político de Ollanta Humala. Porque no creo en las nacionalizaciones. Y mucho menos en otro tipo de intervenciones a lo Velasco. Sí creo que debe haber un cambio de las estructuras sociales de nuestro país, y a lo mejor coincido con el comandante en ese sentido. Pero, en la forma de hacerlo, tenemos discrepancias.

Sin embargo, estas diferencias no quieren decir que deba hacerle cargamontón a Humala por cualquier tontería, como el que está haciendo cierto sector de la prensa con el asunto del dinero que cobraba su esposa, la comunicadora y socióloga Nadine Heredia, como ¿columnista? de un diario venezolano.

Se le reclama a Nadine Heredia el hecho de que haya cobrado sin haber escrito en este diario. Pero quienes tendrían absoluto derecho a reclamarle serían los que financian la publicación. Es como que a mí me paguen para hacer una consultoría, y yo no presente el informe de la misma. Mi empleador tendría legítimas razones para pedirme explicaciones.

Los y las periodistas están equivocados al pedirle cuentas a Nadine Heredia por este asunto. Si el dinero fuera proveniente de nuestro fisco, entonces sí habría que demandar un esclarecimiento, como en el caso de los y las congresistas, quienes en una “otorongada” más, estuvieron cobrando vales por gasolina, que sí tienen que ver con las arcas estatales.

En el caso de la esposa de Humala no es así. Este dinero que recibía la señora Nadine proviene de fondos privados. Vale decir, son fondos de otras personas ajenas al Estado peruano.

Esto también demuestra también mucha hipocresía. ¿O van a salir a decir los señores Mariátegui y Du Bois, que tienen un sueldo austero por ser directores de sus diarios? Y tampoco pueden decir lo mismo algunos congresistas apristas, varios de ellos involucrados en el escándalo de los vales de gasolina.

La mejor forma de demostrar que una propuesta política con la que uno discrepa, está equivocada, es por medio de las ideas, y de las denuncias justificadas. Como esta nueva “otorongada”, en la que también están envueltos algunos parlamentarios del Partido Nacionalista (como Abugattás y Supa), que sí merece una explicación seria a la ciudadanía.