El billete de Nadine y la otorongada

Debo decir que no soy simpatizante del partido político de Ollanta Humala. Porque no creo en las nacionalizaciones. Y mucho menos en otro tipo de intervenciones a lo Velasco. Sí creo que debe haber un cambio de las estructuras sociales de nuestro país, y a lo mejor coincido con el comandante en ese sentido. Pero, en la forma de hacerlo, tenemos discrepancias.

Sin embargo, estas diferencias no quieren decir que deba hacerle cargamontón a Humala por cualquier tontería, como el que está haciendo cierto sector de la prensa con el asunto del dinero que cobraba su esposa, la comunicadora y socióloga Nadine Heredia, como ¿columnista? de un diario venezolano.

Se le reclama a Nadine Heredia el hecho de que haya cobrado sin haber escrito en este diario. Pero quienes tendrían absoluto derecho a reclamarle serían los que financian la publicación. Es como que a mí me paguen para hacer una consultoría, y yo no presente el informe de la misma. Mi empleador tendría legítimas razones para pedirme explicaciones.

Los y las periodistas están equivocados al pedirle cuentas a Nadine Heredia por este asunto. Si el dinero fuera proveniente de nuestro fisco, entonces sí habría que demandar un esclarecimiento, como en el caso de los y las congresistas, quienes en una “otorongada” más, estuvieron cobrando vales por gasolina, que sí tienen que ver con las arcas estatales.

En el caso de la esposa de Humala no es así. Este dinero que recibía la señora Nadine proviene de fondos privados. Vale decir, son fondos de otras personas ajenas al Estado peruano.

Esto también demuestra también mucha hipocresía. ¿O van a salir a decir los señores Mariátegui y Du Bois, que tienen un sueldo austero por ser directores de sus diarios? Y tampoco pueden decir lo mismo algunos congresistas apristas, varios de ellos involucrados en el escándalo de los vales de gasolina.

La mejor forma de demostrar que una propuesta política con la que uno discrepa, está equivocada, es por medio de las ideas, y de las denuncias justificadas. Como esta nueva “otorongada”, en la que también están envueltos algunos parlamentarios del Partido Nacionalista (como Abugattás y Supa), que sí merece una explicación seria a la ciudadanía.

El Congreso se puso los pantalones

La derogación de los decretos legislativos 1015 y 1073 constituye un verdadero triunfo de la democracia en nuestro país. Se ha impuesto la voluntad general de los pueblos (tal como lo dijera San Martín al proclamar nuestra independencia de España), por encima de la voluntad de las minorías que siempre han gobernado el país. Se ha impuesto el interés general sobre el particular.

Estos decretos, que comprendían lo que fue denominada como "La Ley de la Selva", buscaban promover la inversión privada en el territorio amazónico, una de las acciones contempladas en el famoso artículo del presidente Alan García, titulado "El Perro del Hortelano". Con esto, supuestamente se integraría a las comunidades de la selva (y de la sierra), al crecimiento económico que experimenta el país por estos años, y les permitiría su avance y desarrollo.

Sin embargo, con la promulgación de esta norma las comunidades prácticamente perdían la propiedad de sus tierras, en beneficio de los grandes empresarios (la gran mayoría extranjeros, chilenos y norteamericanos). La norma fue promovida por el Poder Ejecutivo de manera unilateral, casi autoritaria y dictatorial, sin haber conversado previamente con las comunidades acerca de un acuerdo conjunto, para elaborar una norma que realmente promueva el desarrollo de estos pueblos.

Obviamente, esto generó la reacción airada de los pueblos amazónicos, que en su totalidad tomaron puentes y carreteras, como su única (y legítima) forma de hacer sentir su reclamo. El gobierno se vio desbordado (otra vez) por un nuevo conflicto social, esta vez no en el sur del país, zona a la que se tilda injustamente de revoltosa, sino en el oriente.

Esta vez, el Congreso no se hizo de la vista gorda ante el problema, como en anteriores ocasiones. La Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, dictaminó la derogación de estos decretos. Finalmente, el Pleno, en sesión realizada el pasado viernes, se puso los pantalones y confirmó esta anulación. Sólo la bancada aprista, atada de pies y manos a las decisiones del obeso mandatario, su cúpula partidaria y la derecha cavernaria, votó en contra de la derogación. En cambio, las otras bancadas (incluida la fujimorista, supuesta aliada del alanismo), manifestaron su decisión de dejar sin efecto la "Ley de la Selva".

Con esto, el Congreso se ha reivindicado ante la población. Ha dejado de lado su papel pasivo y casi pintoresco para ser un agente activo de la gobernabilidad. Logró frenar el desequilibrio (aunque aún existe) entre Estado y Sociedad Civil. Ante el grave conflicto social en la selva, intervino de inmediato para que este cese, y se apueste por una negociación. La derogación de estos decretos trajo como consecuencia la paralización de las protestas, y la vuelta a la calma social (por ahora) en el país.

Por eso, esta actitud del Congreso es un triunfo de la democracia, porque por fin el “primer poder del Estado”, en el que están representados los ciudadanos de este país, ha preferido representar los intereses de las mayorías, antes que ceder a los intereses de unos pocos. Quizás hayan habido presiones de sectores como las ONG's u otras asociaciones, pero en esta ocasión han servido para los intereses legítimos de poblaciones que, encima de ser olvidadas por el Estado, ahora estaban siendo atropelladas por éste mismo.

Ojalá que este sea un punto de inflexión en el cual el Congreso, ahora sí, asuma su papel como actor dentro del Estado. Y a la vez que el Ejecutivo gire 180 grados su estilo de gobernar. Que se torne más dialogante y promueva la participación de los diferentes sectores del país en la búsqueda de su desarrollo, y no mantenerlos al margen de sus decisiones, en las que buscan el beneficio de unos pocos, como es notorio que está sucediendo.

Si todo esto ocurre, por fin se gestará la existencia de una verdadera democracia funcional en el país.

El Congreso: más de lo mismo

Muchos tuvimos esperanzas con la elección de nuevos congresistas para el período 2006 – 2011, pensando que quizás no habría peor que el del quinquenio anterior, por el que desfiló cualquier cantidad de payasos. Sin embargo, los hechos de los últimos meses nos confirman que la cosa, al parecer, seguirá igual.

La elección de los miembros del Tribunal Constitucional nos acaba de demostrar esto. Las componendas políticas entre los congresistas (sean del partido o agrupación que fueren, da lo mismo), no sirven para elaborar buenas normas para el país, sino para controlar una institución tan importante como el TC. Y no solo son los apristas y los fujimoristas quienes se unieron en esta maléfica componenda, sino que hasta ¡los humalistas! se sumaron a este coro desentonado. Lo digo porque la bancada del Partido Nacionalista y Unión por el Perú, opositores al actual régimen (aunque estos últimos parecen llegar a un entendimiento con el APRA en algunos temas) le dieron sus votos a la fórmula ganadora del día miércoles, con tal que entre su candidato, el cuestionado Vladimir Paz de la Barra.

Por eso no vamos a hablar ahora de “alianza apro-humalo-fujimorista”. Lo criticable es que se produjo otra vez el famoso “dame que te doy”. Encima, la votación estuvo fuera de lo legal, pues en anteriores oportunidades siempre se votó candidato por candidato, y no por listas, como se hizo en esta ocasión. El apuro también es uno de los errores, aunque la prensa, por medio de las columnas de opinión de sus analistas y editoriales de casi todos los diarios, manifestaba que el Congreso debía darse prisa con este asunto.

El resultado no solo ha sido lamentable por la elección del mencionado Paz de la Barra, sino porque entre los candidatos estaba Javier Ríos, otro de los electos magistrados del TC. Este señor hubiera pasado desapercibido, si no fuera porque Caretas, la decana de las revistas en el país, le sacó una foto almorzando con tremendos angelitos como el ex ministro Agustín Mantilla, quien se vendió a Montesinos, y el narcotraficante Javier López Meneses, procesado por la justicia. Tamaña evidencia lo obligó a renunciar a su puesto antes de asumirlo, debido a los pedidos hechos por el presidente del Consejo de Ministros, Jorge Del Castillo; y la misma titular del Congreso, Mercedes Cabanillas.

Este último suceso es la cereza que corona una torta de errores y delitos (porque algunos no son errores, congresistas Menchola, Canchaya, Benites y Cía.), que no se sabe cuando acabar, y que acaba por desprestigiar aún más al Congreso. Este hecho produce que se desprestigie toda la política en general, lo cual después dará motivos a algunos aventureros para instaurar autocracias, como la que se vive en Venezuela.

Antes que debatir reformas como la bicameralidad, o la eliminación del voto preferencial, este Congreso debe dedicarse a reivindicarse ante una población que ya no cree en este Poder del Estado. La labor de Mercedes Cabanillas como presidenta de este órgano ha sido, en líneas generales, positiva; pero es un lunar en medio de todas las barbaridades que se han cometido.

La renovación por tercios en el Congreso; o en todo caso, que se elija a los parlamentarios tan sólo por el período de tres años, podría constituir alguna solución al embrollo, en opinión de algunos analistas políticos, además de las propuestas de volver a la bicameralidad, o las votaciones por lista. Pero de nada valdrán si es que no se toman medidas drásticas al interior del Congreso.