Otra vez las ONG le vuelven a dar de comer a la derecha

El principal suceso que ha movido la arena política en nuestro país ha sido el rechazo del Congreso de la República a la postura asumida por el Parlamento Europeo, que decidió no considerar al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en su lista de organizaciones consideradas terroristas.

Con el voto unánime de 82 congresistas (¿no eran 120?), el Pleno acordó presentar una moción de protesta por este hecho. Más allá de la coincidencia total entre los parlamentarios, algunos culparon al gobierno por no haber estado detrás del proceso que se seguía en la Unión Europea. Pero otros enfilaron sus baterías contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sobretodo con las que trabajan temas de defensa de los derechos humanos.

Las razones de estos últimos tienen asidero: la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) envió una carta al Parlamento Europeo para que no considere al MRTA como terrorista, en virtud a que hace más de ocho años no ha desarrollado actividades, y que eso podría ser utilizado por el gobierno actual para una “cacería de brujas” contra opositores y acusarlos de terrorismo.

Más allá de que su posición pueda tener algún sustento (sobretodo lo último, lo de la persecución), lo cierto es que esta parte de la historia deja muy mal parado a Aprodeh. Porque ante la memoria de los peruanos, el MRTA fue efectivamente un grupo terrorista, que sembró precisamente el terror con muchos de sus actos, como los secuestros y las bombas.

Pero no solo Aprodeh queda mal parado. Esto también arrastra a la misma situación a otras ONG que trabajan estos temas (llámese IDL, etc.), las cuales han sido marcadas por la derecha cavernaria (expresada en un sector de las Fuerzas Armadas, los grupos de poder económico, la prensa de la derecha y los mismos fujimoristas) como defensores de terroristas, imagen que ha quedado bien sellada en buena parte de la ciudadanía que aún cree que el terrorismo debe ser aplastado con sangre y fuego, no importando los costos humanos.

Pero este no es el único “autogol”. Cuando en Lima se acompañaron las protestas contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ninguna de la ONG defensoras de los derechos humanos levantó el dedo. Y esta omisión les costó otra vez una lluvia de críticas de sus opositores, quienes insinuaron esa misma idea de siempre: son defensores de terroristas. Y los clásicos calificativos de “rojos” y “caviares” que nunca faltan.

Es reconocido el trabajo de todas estas instituciones en la defensa de los derechos fundamentales. No solo en el tema de la violencia política, sino en otras cuestiones como la equidad de género, el racismo, etc. Pero ese mismo trabajo debe tener el respaldo de una buena imagen ante la sociedad, vale decir, tener un poco de “olfato político”.

Y además también deben intervenir cuando se vulneran los derechos humanos de otros actores de la sociedad, como policías y militares. A veces parece que entendieran el conflicto armado ocurrido en la década de los ’80 y ’90 en nuestro país, como lo que ocurrió en Argentina y Chile, en las épocas en que fueron gobernados por dictaduras. El caso del Perú fue diferente, pues se levantaron grupos armados para declararle la guerra al Estado; y a la vez el Estado reaccionó violentamente para reprimir a Sendero Luminoso y al MRTA. Los excesos de ambos actores deben ser juzgados y sancionados (ojo, de ambos) y no solo fijarse en una parte.

Esto último no va solo para las ONG de derechos humanos, que aparentemente se fijan únicamente en lo hecho por el Estado; sino también para toda esa prensa que defiende a las Fuerzas Armadas a ultranza, como si sus integrantes hubieran sido bebes de pecho en esa época, la del Grupo Colina y Martín Rivas.