Lori Berenson y las viejas pitucas

Un grupo de vecinos de Miraflores ha mostrado su indignación debido a que la recientemente liberada (ex) terrorista Lori Berenson decidió fijar su residencia en este distrito. Sostienen que es una amenaza para la tranquilidad de su barrio, y están pidiendo al gobierno que busque otro domicilio. Muchas personas se preguntan si esta misma gente que protesta por este hecho, tendría la misma actitud si es que la señora Berenson hubiera decidido trasladarse a otros lugares más modestos, como Comas, San Juan de Lurigancho o Villa El Salvador.

Está claro que no la hubieran tenido. Ni les importaría. Los antecedentes tienen peso. Durante todo el período de la violencia política en nuestro país, toda nuestra Lima (con Miraflores a la cabeza) fue indiferente a lo que sucedía en el interior, en zonas como Ayacucho o la denominada "ceja de selva". Los aniquilamientos selectivos y el fuego cruzado entre el Ejército y los movimientos subversivos, hechos que se vivieron con mucha intensidad en los Andes, fueron cosas que no se vivieron en la capital, aunque no dejaban de causar terror los apagones y los cochebombas.

Pese a ello, Lima nunca se interesó por la violencia atroz que se vivía en provincias. Hasta que ocurrió lo del atentado en la calle Tarata (fue triste lo que sucedió, recordar las imágenes de ese suceso es horrible), precisamente en Miraflores, para que la capital voltee sus ojos. Este fue un pretexto para agarrarse del lamentable suceso, y erigirse como "bastión" de la lucha contra la subversión. Cuando el verdadero bastión, personalmente, es Ayacucho con sus rondas campesinas.

Por eso es que esta actitud de demandar linchamiento y venganza, cual jauría o turba, es sumamente hipócrita. Debemos recordar que en Miraflores está con detención domiciliaria uno de los protagonistas del "faenón": nada menos que Alberto Quimper, alias "don Bieto". Ya hace casi dos años que este señor está detenido en su casa, y nadie en este barrio dijo algo, ni mostró su indignación de la misma manera por su presencia. Pero la corrupción es acaso tan generalizada en el Perú, que parece no indignarnos.

Esta gente no sólo muestra su cultura de la jauría y la turba, sino también su ignorancia, personificada en su alcalde, Manuel Masías, quien dijo que Berenson tenía que ver con lo que ocurrió en Tarata, cuando este suceso fue responsabilidad de Sendero Luminoso. Y otro detalle: Este atentado ocurrió en 1992. Berenson llegó al Perú en 1994 para colaborar con el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Y algunas vecinas diciendo que "esa mujer no va cambiar, porque la ideología ya está en sus genes". Como si la ideología se transmitiera sexualmente. Con ese criterio, Aldo Mariátegui sería marxista como su célebre abuelo.

Por último, la señora Berenson cumplió su condena de acuerdo a ley. Y está con libertad condicionada (ojo), hay cosas que ella no podrá hacer; de lo contrario volverá a prisión. Pero parece que la gente que se supone, es más civilizada y educada, no comprende eso, y se comporta como bárbara y troglodita.

Todo esto es muestra de que aún existen temores y viejas heridas que aún no cierran, y que la sociedad peruana está muy lejos de la reconciliación, debido a que ciertos sectores no lo desean así.

Otra vez las ONG le vuelven a dar de comer a la derecha

El principal suceso que ha movido la arena política en nuestro país ha sido el rechazo del Congreso de la República a la postura asumida por el Parlamento Europeo, que decidió no considerar al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en su lista de organizaciones consideradas terroristas.

Con el voto unánime de 82 congresistas (¿no eran 120?), el Pleno acordó presentar una moción de protesta por este hecho. Más allá de la coincidencia total entre los parlamentarios, algunos culparon al gobierno por no haber estado detrás del proceso que se seguía en la Unión Europea. Pero otros enfilaron sus baterías contra las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), sobretodo con las que trabajan temas de defensa de los derechos humanos.

Las razones de estos últimos tienen asidero: la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) envió una carta al Parlamento Europeo para que no considere al MRTA como terrorista, en virtud a que hace más de ocho años no ha desarrollado actividades, y que eso podría ser utilizado por el gobierno actual para una “cacería de brujas” contra opositores y acusarlos de terrorismo.

Más allá de que su posición pueda tener algún sustento (sobretodo lo último, lo de la persecución), lo cierto es que esta parte de la historia deja muy mal parado a Aprodeh. Porque ante la memoria de los peruanos, el MRTA fue efectivamente un grupo terrorista, que sembró precisamente el terror con muchos de sus actos, como los secuestros y las bombas.

Pero no solo Aprodeh queda mal parado. Esto también arrastra a la misma situación a otras ONG que trabajan estos temas (llámese IDL, etc.), las cuales han sido marcadas por la derecha cavernaria (expresada en un sector de las Fuerzas Armadas, los grupos de poder económico, la prensa de la derecha y los mismos fujimoristas) como defensores de terroristas, imagen que ha quedado bien sellada en buena parte de la ciudadanía que aún cree que el terrorismo debe ser aplastado con sangre y fuego, no importando los costos humanos.

Pero este no es el único “autogol”. Cuando en Lima se acompañaron las protestas contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ninguna de la ONG defensoras de los derechos humanos levantó el dedo. Y esta omisión les costó otra vez una lluvia de críticas de sus opositores, quienes insinuaron esa misma idea de siempre: son defensores de terroristas. Y los clásicos calificativos de “rojos” y “caviares” que nunca faltan.

Es reconocido el trabajo de todas estas instituciones en la defensa de los derechos fundamentales. No solo en el tema de la violencia política, sino en otras cuestiones como la equidad de género, el racismo, etc. Pero ese mismo trabajo debe tener el respaldo de una buena imagen ante la sociedad, vale decir, tener un poco de “olfato político”.

Y además también deben intervenir cuando se vulneran los derechos humanos de otros actores de la sociedad, como policías y militares. A veces parece que entendieran el conflicto armado ocurrido en la década de los ’80 y ’90 en nuestro país, como lo que ocurrió en Argentina y Chile, en las épocas en que fueron gobernados por dictaduras. El caso del Perú fue diferente, pues se levantaron grupos armados para declararle la guerra al Estado; y a la vez el Estado reaccionó violentamente para reprimir a Sendero Luminoso y al MRTA. Los excesos de ambos actores deben ser juzgados y sancionados (ojo, de ambos) y no solo fijarse en una parte.

Esto último no va solo para las ONG de derechos humanos, que aparentemente se fijan únicamente en lo hecho por el Estado; sino también para toda esa prensa que defiende a las Fuerzas Armadas a ultranza, como si sus integrantes hubieran sido bebes de pecho en esa época, la del Grupo Colina y Martín Rivas.