Los conflictos sociales vividos recientemente, así como los de junio y julio del año pasado, demuestran que a seis años de impulsado la regionalización en todo el país, vemos que los resultados de este proceso no vienen siendo buenos, debido a una falta de definiciones sobre la ley que creó las regiones
Esta ley, promulgada por el entonces presidente Alejandro Toledo en noviembre de 2002, a pocos días de los comicios donde se eligieron por primera vez a los “presidentes regionales”, había nacido con muchos defectos. Desde un principio no se definieron competencias claras acerca de las funciones de las regiones, así como su responsabilidad frente al gobierno central.
Hoy observamos que el Perú está dividido en 26 “países”, porque cada región tiene su “presidente”; y cada “presidente” hace lo que le viene en gana. Incluso varios de estos gobernantes se atreven a promulgar normas desconociendo la constitucionalidad de las mismas. Otros, ante el poco respaldo que gozan en la interna de sus regiones, prefieren confrontarse con el gobierno central como una forma de ganar popularidad, ante el declive de la aceptación del régimen aprista en el interior del país.
Ante esto, existe la propuesta de que norme la intervención del gobierno central en las regiones, ante su resistencia a las normas impulsadas por éste último. Esta razón puede ser válida, pero también hay que reconocer que el gobierno de Alan García impulsa normas para aplastar a las regiones y sus demandas, sin observar las distintas realidades en que viven.
La responsabilidad recae en el gobierno que presidiera Alejandro Toledo. Pero también está en el APRA antes de volver a ser gobierno. Porque siendo oposición, avalaron la norma de 2002, y presentaron candidatos a las elecciones, ganando 12 regiones de las 26. Cómo habrá sido la gestión de sus presidentes regionales, que el descontento llevó a que en las elecciones regionales de 2006, en pleno gobierno aprista, sólo retuvieran dos regiones.
El proceso de regionalización no debió hacerse en base a los antiguos departamentos. Incluso la regionalización de 1988 estaba mucho mejor estructurada, como un proyecto piloto, sin hacer transferencias directas de poder aún. Esta regionalización se hizo muy apurada, sin orden, sin sustentos claros. Incluso el hecho de permitir la elección por mayoría simple es un peligro. Cuántos gobiernos regionales no padecerían sus crisis, si hubieran tenido el respaldo de una segunda vuelta electoral, no importa el gasto en utilizar el “ballotage” en las regiones.
Es necesario replantear el tema de la regionalización, en acuerdo y dialogando con las regiones, dejando atrás la “mano dura”, y concertando de acuerdo a las realidades de cada región. Incluso algunas deben reconocer que no están preparadas para tener un gobierno regional.
Y otra cosa más: hay que poner a los titulares de los gobiernos regionales, “gobernadores”. Eso de presidentes regionales es muy “huachafo”. Además de muchos otros cambios que se tienen que pensar, con protagonistas como los partidos, el gobierno, y la sociedad civil, por un Perú más descentralizado y con regiones que puedan producir y salir de la extrema pobreza en que se encuentran.
Esta ley, promulgada por el entonces presidente Alejandro Toledo en noviembre de 2002, a pocos días de los comicios donde se eligieron por primera vez a los “presidentes regionales”, había nacido con muchos defectos. Desde un principio no se definieron competencias claras acerca de las funciones de las regiones, así como su responsabilidad frente al gobierno central.
Hoy observamos que el Perú está dividido en 26 “países”, porque cada región tiene su “presidente”; y cada “presidente” hace lo que le viene en gana. Incluso varios de estos gobernantes se atreven a promulgar normas desconociendo la constitucionalidad de las mismas. Otros, ante el poco respaldo que gozan en la interna de sus regiones, prefieren confrontarse con el gobierno central como una forma de ganar popularidad, ante el declive de la aceptación del régimen aprista en el interior del país.
Ante esto, existe la propuesta de que norme la intervención del gobierno central en las regiones, ante su resistencia a las normas impulsadas por éste último. Esta razón puede ser válida, pero también hay que reconocer que el gobierno de Alan García impulsa normas para aplastar a las regiones y sus demandas, sin observar las distintas realidades en que viven.
La responsabilidad recae en el gobierno que presidiera Alejandro Toledo. Pero también está en el APRA antes de volver a ser gobierno. Porque siendo oposición, avalaron la norma de 2002, y presentaron candidatos a las elecciones, ganando 12 regiones de las 26. Cómo habrá sido la gestión de sus presidentes regionales, que el descontento llevó a que en las elecciones regionales de 2006, en pleno gobierno aprista, sólo retuvieran dos regiones.
El proceso de regionalización no debió hacerse en base a los antiguos departamentos. Incluso la regionalización de 1988 estaba mucho mejor estructurada, como un proyecto piloto, sin hacer transferencias directas de poder aún. Esta regionalización se hizo muy apurada, sin orden, sin sustentos claros. Incluso el hecho de permitir la elección por mayoría simple es un peligro. Cuántos gobiernos regionales no padecerían sus crisis, si hubieran tenido el respaldo de una segunda vuelta electoral, no importa el gasto en utilizar el “ballotage” en las regiones.
Es necesario replantear el tema de la regionalización, en acuerdo y dialogando con las regiones, dejando atrás la “mano dura”, y concertando de acuerdo a las realidades de cada región. Incluso algunas deben reconocer que no están preparadas para tener un gobierno regional.
Y otra cosa más: hay que poner a los titulares de los gobiernos regionales, “gobernadores”. Eso de presidentes regionales es muy “huachafo”. Además de muchos otros cambios que se tienen que pensar, con protagonistas como los partidos, el gobierno, y la sociedad civil, por un Perú más descentralizado y con regiones que puedan producir y salir de la extrema pobreza en que se encuentran.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario