Petroaudios y petromails: lo que está detrás

Coincido perfectamente con Martín Tanaka. El analista político, en su columna de hoy del diario “Perú 21”, dice no creer que quienes han denunciado la corrupción (primero con la difusión de “petroaudios” y luego de “petromails”) tengan una verdadera intención de moralizar, sino que existen intereses de por medio.

También concuerdo con Tanaka en que se debe investigar la corrupción que ha quedado al descubierto. Estos hechos deben quedar bien esclarecidos, y sancionar a los que se encuentre responsables, con todo el peso de la ley.

Sin embargo, detrás de todo este escándalo político (que sigue trayendo cola), hay ocultas otras cosas que deben ser descubiertas. Hay algo que está más allá de lo evidente.

En primer lugar, es cierto que había un interés de por medio de Petrotech, que quería ganarle por puesta de mano a Discover Petroleum, la empresa noruega que se benefició gracias a los negociados descubiertos entre los corruptos Rómulo León y Alberto Quimper. La hipótesis es válida: como perdió la oportunidad de hacer un “faenón”, ya estaba siguiendo a los mencionados personajes, hasta encontrarlos “in fraganti”. Luego de tener segura la información, envió los audios a Canal 4, y luego a Perú 21, para que los vayan sacando “por paquetes”.

También es probable que la vinculación de Rosa María Palacios a ambos medios de información, y el hecho de ser esposa de Alberto Varillas, que a su vez trabaja para Petrotech, sea una evidencia de esto. Sin embargo, eso es sólo un indicio, y puede que Petrotech haya sembrado estas pruebas sin conocimiento de la citada conductora de TV y columnista en Perú 21 (donde también escribe Tanaka, por cierto).

Y aquí viene lo segundo. El difusor del primer audio fue Fernando Rospigliosi, ex ministro del Interior del régimen toledista, censurado por la bancada aprista en 2004, y antiguo militante de Izquierda Unida (por si no lo sabían). ¿Cómo obtuvo los audios?

Es evidente que la censura de hace cuatro años le quedó como una espina dolorosa a Rospigliosi, más aún por haber sido promovido por sus archienemigos los compañeros. Por eso, aprovechó esta oportunidad, como una forma de venganza del ex ministro, de tal forma que hizo que Jorge del Castillo, quien fuera uno de los impulsores de su censura, tuviera que dimitir al premierato, junto con varios de los integrantes de su gabinete.

Además, hay una vieja enemistad entre el APRA y un sector de la Izquierda, a la que llamaremos “ex - izquierdistas” (para no llamarles caviares, como acostumbra la derecha). Esta enemistad se ha convertido en competencia entre dos grupos de poder: una, la de los “ex - izquierdistas” que odia al APRA, que busca influir ya no por la vía de un partido, sino por medio de algunas ONG con ciertos intereses (no todas, ojo); y la otra, la cúpula aprista liderada por Alan García, que sólo busca el poder por el poder. Por eso ya había pactado con la derecha cavernaria (CONFIEP, Opus Dei, “ala dura” de las FF. AA.) desde un principio, tanto por odio a sus rivales como por el placer de estar cerca del mando.

Entonces, son sólo intereses políticos y económicos los móviles que promovieron este escándalo. No hay ningún interés por promover una lucha anticorrupción. Y me refiero a ambos grupos de poder, sin excepción.

La pregunta es: si Petrotech hubiera ganado la licitación, ¿se hubiera conocido toda esta corrupción?

La Urraca en la cárcel, ¡bien hecho!

Magaly Medina lleva, en el momento de escribir estas líneas, dos días entre rejas. Esto debido al veredicto de la jueza María Teresa Herrera, que condena a la señora en cuestión a cinco meses en prisión. La razón: haber incurrido en delito de difamación, al haber asegurado (sin pruebas según la determinación judicial) que el futbolista Paolo Guerrero se escapó de la concentración antes del partido con Brasil.

Mucha gente ha puesto el grito en el cielo por esto. Consideran que es excesivo e injusto. Personajes tan impresentables como Álex Otiniano y Laura Bozzo han salido a respaldarla. Incluso, como en los buenos tiempos de Fujimori, llegó una portátil hasta la carceleta del Poder Judicial, encabezada por “Pajarito”, otrora panelista “bamba” de la Bozzo.

El asunto es que el Poder Judicial dictaminó que las pruebas de la Medina en contra de “Paolín” no eran ciertas, y falló a favor del delantero del Hamburgo alemán. Eso es lo que vale. Los gritos y desplantes de ciertos personajes, apoyados por un público contratado, no sirven de nada.

Este caso nos deja varias lecciones. En primer lugar, nadie tiene derecho a afirmar cosas sin tener un fundamento sólido, vale decir, información veraz y comprobada. La señora Medina ha incurrido en este error. El caso de Paolo Guerrero no es el único. Muchos de sus “ampay” han sido mostrado fuera de contexto. La libertad de opinión y de expresión está encausada dentro del marco de la veracidad y la objetividad (que no es completa, por cierto).

Otra cuestión es que lo que hacía ella en la televisión no era para nada periodismo. Sólo se dedicaba a desnudar las miserias de los famosos. Miserias que podían servir muy bien, por ejemplo, a aquella mujer que descubría a su esposo (un “pelotero”, por ejemplo) sacándole la vuelta. Estas miserias no contribuyen para nada a conocer la verdadera realidad política y económica del país. Muchos diarios, con una gran complicidad, resaltaban más los “ampay” antes que otras noticias verdaderamente relevantes.

Tercero, no es novedad que la gente de la farándula viva así. Y tampoco es novedad que una sociedad decadente como la nuestra se interese por las vidas de estos personajes.

Cuarto, que la señora Medina no es nadie para dar recetas de moral. Otra: más que el castigo legal, es un castigo moral para esta señora, por su soberbia y su certeza de que sólo ella tiene la razón.

Por último, puede que sea una cortina de humo el encarcelamiento de Magaly. La sospecha es válida, más aún cuando un tipo como Rómulo León Alegría aún no ha sido capturado. Sin embargo, el programa de Magaly Medina, sin necesidad de aliarse con los gobiernos, ha generado verdaderas cortinas de humo. Tanto Fujimori y Toledo (y ahora García), no necesitaron pedirle que les haga el favor cuando estaban en líos políticos. Para ellos fue una aliada tácita.

Para Magaly, su razón para hacer esto no era casarse con el poder (ella siempre dijo que la política le interesaba un bledo), sino la obtención de buenos dividendos económicos gracias a los auspiciadores.

Los cinco meses en prisión le servirán a Magaly Medina para que reflexione de que todo “lo que le gusta a la gente” no es bueno para la gente. Esa frase entrecomillada se la enrostró a Augusto Ferrando, sin imaginar que ella incurriría en eso mismo. También para que siente cabeza y aprenda un poco de lo que se llama humildad.

Y a los colegas periodistas, nos muestra un antecedente de cómo no se debe ejercer esta digna profesión. No es necesario hacer espíritu de cuerpo con esta señora. Hacer eso, sería contradecir una de las finalidades del periodismo: además de informar, educar a la población. No embrutecerla ni confundirla, como se está haciendo desde la época de Fujimori.

Neoliberalismo y corrupción

Han pasado 45 días desde que este servidor dejó de escribir en este blog. Un mes y medio en el que han sucedido muchas cosas en el Perú y el mundo, en la cual se ha puesto en evidencia que el estado de cosas actual está dejando muy claras sus consecuencias, las cuales nos afectan a todos. Y a uno mucho más que a otros.

Enumeremos la lista:

1. La huelga del gremio de los médicos, quienes no ven atendidos sus reclamos. La intolerancia del ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca, en sus expresiones ante los reclamos. El entrampamiento del diálogo, pese a la mediación del jefe de Gabinete, Jorge Del Castillo. El presidente Alan García ha dicho que no hay plata para conceder sus pedidos.
2. El descalabro de los grandes bancos y financieras de los Estados Unidos. El plan de salvataje propuesto por su mandatario, George W. Bush, por 700 mil millones de dólares (7 veces la producción económica anual del Perú). La negativa inicial, y finalmente, la aceptación del Congreso norteamericano para aprobar el Plan.
3. Denuncia de once desapariciones en Vizcatán, en la zona del VRAE, producto de una intervención del Ejército Peruano. El ministro de Defensa, Ántero Flores Aráoz niega que se hayan dado estos hechos, aunque reconoce la intervención militar.
4. Los congresistas peruanos deciden no dar cuenta de sus gastos operativos. Sólo aprueban dar 30 %, habiendo de por medio una Ley de Transparencia que obliga a dar TODA la información. Incluso ven la posibilidad de aumentarse el sueldo.
5. La renuncia de Mario Pasco al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, debido al traspaso, tras votación del Congreso, de las MYPES al Ministerio de la Producción.
6. El escándalo del “Petrogate”. Involucrados: Alberto Quimper, del directorio de PeruPetro y ex abogado del presidente Alan García; Rómulo León Alegría, ex parlamentario y ex ministro de Pesquería en el primer gobierno de Alan. A ambos se les escucha en un audio, en el que se les escucha hablando sobre una concesión “amarrada” a favor de una petrolera noruega, donde ambos obtendrían buenas ganancias producto de su “faenón”. Renuncia del presidente de Petroperú, César Gutiérrez y del mismo ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia. Incluso queda implicado el primer ministro Jorge del Castillo, quien inmediatamente salió a defenderse.

Estas han sido las cosas más saltantes del último mes y medio.

Está demostrado que el crecimiento económico no es suficiente, si no interviene el Estado para resolver las demandas justas de la población. El libre mercado no tiene mecanismos de control para evitar el descalabro financiero, producto de las ambiciones de los dueños de la plata del mundo. El sistema prefiere intervenir “a lo bestia”, sin mostrar un respeto por los derechos humanos. El neoliberalismo no puede controlar los ímpetus de los políticos para beneficiarse a sí mismos. Tampoco logra atajar los lobbies para ciertos intereses creados. Y además, no puede evitar la corrupción.

Queda comprobado que se necesita otra forma de hacer política, basada en el diálogo y atención de las demandas de la sociedad; en la supervisión de la actividad financiera; en el respeto por los derechos humanos; en el que la actividad política sean transparente; y que se castigue con firmeza la corrupción.

El Congreso se puso los pantalones

La derogación de los decretos legislativos 1015 y 1073 constituye un verdadero triunfo de la democracia en nuestro país. Se ha impuesto la voluntad general de los pueblos (tal como lo dijera San Martín al proclamar nuestra independencia de España), por encima de la voluntad de las minorías que siempre han gobernado el país. Se ha impuesto el interés general sobre el particular.

Estos decretos, que comprendían lo que fue denominada como "La Ley de la Selva", buscaban promover la inversión privada en el territorio amazónico, una de las acciones contempladas en el famoso artículo del presidente Alan García, titulado "El Perro del Hortelano". Con esto, supuestamente se integraría a las comunidades de la selva (y de la sierra), al crecimiento económico que experimenta el país por estos años, y les permitiría su avance y desarrollo.

Sin embargo, con la promulgación de esta norma las comunidades prácticamente perdían la propiedad de sus tierras, en beneficio de los grandes empresarios (la gran mayoría extranjeros, chilenos y norteamericanos). La norma fue promovida por el Poder Ejecutivo de manera unilateral, casi autoritaria y dictatorial, sin haber conversado previamente con las comunidades acerca de un acuerdo conjunto, para elaborar una norma que realmente promueva el desarrollo de estos pueblos.

Obviamente, esto generó la reacción airada de los pueblos amazónicos, que en su totalidad tomaron puentes y carreteras, como su única (y legítima) forma de hacer sentir su reclamo. El gobierno se vio desbordado (otra vez) por un nuevo conflicto social, esta vez no en el sur del país, zona a la que se tilda injustamente de revoltosa, sino en el oriente.

Esta vez, el Congreso no se hizo de la vista gorda ante el problema, como en anteriores ocasiones. La Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, dictaminó la derogación de estos decretos. Finalmente, el Pleno, en sesión realizada el pasado viernes, se puso los pantalones y confirmó esta anulación. Sólo la bancada aprista, atada de pies y manos a las decisiones del obeso mandatario, su cúpula partidaria y la derecha cavernaria, votó en contra de la derogación. En cambio, las otras bancadas (incluida la fujimorista, supuesta aliada del alanismo), manifestaron su decisión de dejar sin efecto la "Ley de la Selva".

Con esto, el Congreso se ha reivindicado ante la población. Ha dejado de lado su papel pasivo y casi pintoresco para ser un agente activo de la gobernabilidad. Logró frenar el desequilibrio (aunque aún existe) entre Estado y Sociedad Civil. Ante el grave conflicto social en la selva, intervino de inmediato para que este cese, y se apueste por una negociación. La derogación de estos decretos trajo como consecuencia la paralización de las protestas, y la vuelta a la calma social (por ahora) en el país.

Por eso, esta actitud del Congreso es un triunfo de la democracia, porque por fin el “primer poder del Estado”, en el que están representados los ciudadanos de este país, ha preferido representar los intereses de las mayorías, antes que ceder a los intereses de unos pocos. Quizás hayan habido presiones de sectores como las ONG's u otras asociaciones, pero en esta ocasión han servido para los intereses legítimos de poblaciones que, encima de ser olvidadas por el Estado, ahora estaban siendo atropelladas por éste mismo.

Ojalá que este sea un punto de inflexión en el cual el Congreso, ahora sí, asuma su papel como actor dentro del Estado. Y a la vez que el Ejecutivo gire 180 grados su estilo de gobernar. Que se torne más dialogante y promueva la participación de los diferentes sectores del país en la búsqueda de su desarrollo, y no mantenerlos al margen de sus decisiones, en las que buscan el beneficio de unos pocos, como es notorio que está sucediendo.

Si todo esto ocurre, por fin se gestará la existencia de una verdadera democracia funcional en el país.

Antonio Banderas debe renunciar

La última semana, las palabras más recurrentes en los titulares de los diarios han sido “accidente”, “carreteras”, “muertos”. Evidentemente, son temas relacionados a que nuestros caminos, que conectan varias ciudades del Perú, se han teñido de sangre.

Los accidentes de carretera, con sus muertos y heridos, ya han dejado cerca de medio millar de muertos en lo que va del año. Y parece que no tienen cuándo acabar: se suceden uno a otro, sobretodo en época de feriados.

Aquí hay varias responsabilidades compartidas. En primer lugar, la informalidad imperante y existente en las empresas de transporte interprovincial. Esto está relacionado a la forma de hacer empresa de quienes incursionan en este rubro, quienes no protegen para nada a sus trabajadores choferes, haciéndolos trabajar en exceso, lo cual es sumamente peligroso, no sólo por el abuso laboral, sino porque su cansancio es determinante para que ocurran estas desgracias.

Los choferes también tienen su responsabilidad en este asunto. La cultura “combi” no sólo está presente en las pistas limeñas; se ha extendido a las carreteras interprovinciales. Nuestros conductores de buses no acostumbran respetar las normas de tránsito. Recurren siempre a la “criollada” para conducir, y eludir las reglas.

Pero la máxima responsable es, sin duda alguna, la titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Verónica Zavala. Desde que está presente en este sector (van dos años), se han incrementado los accidentes en las carreteras. Y no sólo esto: también han aumentado los asaltos a los pasajeros.

Para atajar estos problemas, Zavala impulsó desde su portafolio el plan denominado “Tolerancia Cero”, el cual suponía que detendría la racha de accidentes y asaltos en las carreteras. Sin embargo, no ha dado resultado, y la situación ni siquiera se mantiene igual: ha empeorado. Fue un fracaso.

Por ello, la ministra debe renunciar a su puesto. Así como se pide la dimisión de Lucho Alva en Interior, por su incapacidad demostrada en el sector, de igual forma se le debe presionar a Zavala. Porque también demostró incapacidad.

PD: Es evidente que, ahora que la ministra ha adelgazado (entró gordita al gobierno), tiene un gran parecido al actor de “La Máscara del Zorro”.