Ayer se destacaron en las portadas de los principales periódicos limeños algunos temas como el encarcelamiento de Eva Bracamonte y Liliana Castro, acusadas del asesinato de la empresaria Myriam Fefer en el 2006, y los escándalos en los que están involucrados algunos congresistas, como Ricardo Pando y la violencia en su familia; y Nancy Obregón con su intervención para que la Policía no cumpla su trabajo.
Si bien es cierto estos asuntos no deben dejar de ser investigados, lo cierto es que mientras las redacciones de los diarios los preferían la noche anterior, al mismo tiempo se firmaba el contrato de concesión del Puerto de Paita, uno de los más importantes de nuestro país.
Esto ocurrió luego de la accidentada sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, a la que acudió la directora ejecutiva de Proinversión, Cayetana Aljovín. Fue accidentada debido al intercambio de palabras entre Aljovín y la parlamentaria del Partido Nacionalista, Marisol Espinoza, quien sugirió que el proceso de concesión tendría visos de corrupción. Pese a esas observaciones, que también las tenían varios congresistas, igual se firmó el convenio, de manera apresurada.
Este contrato implica que el puerto de Paita será concedido a Terminales Portuarios Euroandinos (TPE) relacionada con capital portugués y chileno, por espacio de 30 años; y que el Estado peruano sólo recibirá el dos por ciento (leyó bien, ojo) de las utilidades. Definitivamente irregular.
Sin embargo, los medios (salvo La Primera) han preferido darle tribuna a otros escandaletes, que luego podemos tratar. El Comercio prefirió hablar de que uno de cada 5 congresistas tienen problemas judiciales o farandulescos; y Fritz Du Bois escribió en su columna en Perú 21 acerca de la catadura moral del Congreso.
Es cierto. Ese es el Congreso que tenemos. Desprestigiado y de bajo nivel. Pero, ¿acaso no tiene la función de fiscalizar? Parece que el grupo El Comercio pretende desprestigiar más al Congreso, para descalificarlo moralmente, y no pueda supervisar con apoyo popular un tema tan espinoso y sospechoso como la concesión del puerto de Paita.
Recordemos que Du Bois fue, antes de ser director de Perú 21, editor de economía de El Comercio, y durante los años 90 fue un conspicuo fujimorista. Además, es esposo de la señora Aljovín, quien por cierto, hace unos años fue periodista de Radio Programas del Perú, otra emisora afín al régimen.
Entonces, se demuestra que los medios de información vinculados al poder económico están a favor de la defensa de intereses particulares, y soslayan un tema tan importante como el de Paita. Y utilizan a sus “periodistas”, que encima están demasiado cercanos a esos intereses.
Porque el problema no es la concesión, sino las condiciones en que se ha realizado. Pero parece que algunos no quieren que se investigue.
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