El Congreso se puso los pantalones

La derogación de los decretos legislativos 1015 y 1073 constituye un verdadero triunfo de la democracia en nuestro país. Se ha impuesto la voluntad general de los pueblos (tal como lo dijera San Martín al proclamar nuestra independencia de España), por encima de la voluntad de las minorías que siempre han gobernado el país. Se ha impuesto el interés general sobre el particular.

Estos decretos, que comprendían lo que fue denominada como "La Ley de la Selva", buscaban promover la inversión privada en el territorio amazónico, una de las acciones contempladas en el famoso artículo del presidente Alan García, titulado "El Perro del Hortelano". Con esto, supuestamente se integraría a las comunidades de la selva (y de la sierra), al crecimiento económico que experimenta el país por estos años, y les permitiría su avance y desarrollo.

Sin embargo, con la promulgación de esta norma las comunidades prácticamente perdían la propiedad de sus tierras, en beneficio de los grandes empresarios (la gran mayoría extranjeros, chilenos y norteamericanos). La norma fue promovida por el Poder Ejecutivo de manera unilateral, casi autoritaria y dictatorial, sin haber conversado previamente con las comunidades acerca de un acuerdo conjunto, para elaborar una norma que realmente promueva el desarrollo de estos pueblos.

Obviamente, esto generó la reacción airada de los pueblos amazónicos, que en su totalidad tomaron puentes y carreteras, como su única (y legítima) forma de hacer sentir su reclamo. El gobierno se vio desbordado (otra vez) por un nuevo conflicto social, esta vez no en el sur del país, zona a la que se tilda injustamente de revoltosa, sino en el oriente.

Esta vez, el Congreso no se hizo de la vista gorda ante el problema, como en anteriores ocasiones. La Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, dictaminó la derogación de estos decretos. Finalmente, el Pleno, en sesión realizada el pasado viernes, se puso los pantalones y confirmó esta anulación. Sólo la bancada aprista, atada de pies y manos a las decisiones del obeso mandatario, su cúpula partidaria y la derecha cavernaria, votó en contra de la derogación. En cambio, las otras bancadas (incluida la fujimorista, supuesta aliada del alanismo), manifestaron su decisión de dejar sin efecto la "Ley de la Selva".

Con esto, el Congreso se ha reivindicado ante la población. Ha dejado de lado su papel pasivo y casi pintoresco para ser un agente activo de la gobernabilidad. Logró frenar el desequilibrio (aunque aún existe) entre Estado y Sociedad Civil. Ante el grave conflicto social en la selva, intervino de inmediato para que este cese, y se apueste por una negociación. La derogación de estos decretos trajo como consecuencia la paralización de las protestas, y la vuelta a la calma social (por ahora) en el país.

Por eso, esta actitud del Congreso es un triunfo de la democracia, porque por fin el “primer poder del Estado”, en el que están representados los ciudadanos de este país, ha preferido representar los intereses de las mayorías, antes que ceder a los intereses de unos pocos. Quizás hayan habido presiones de sectores como las ONG's u otras asociaciones, pero en esta ocasión han servido para los intereses legítimos de poblaciones que, encima de ser olvidadas por el Estado, ahora estaban siendo atropelladas por éste mismo.

Ojalá que este sea un punto de inflexión en el cual el Congreso, ahora sí, asuma su papel como actor dentro del Estado. Y a la vez que el Ejecutivo gire 180 grados su estilo de gobernar. Que se torne más dialogante y promueva la participación de los diferentes sectores del país en la búsqueda de su desarrollo, y no mantenerlos al margen de sus decisiones, en las que buscan el beneficio de unos pocos, como es notorio que está sucediendo.

Si todo esto ocurre, por fin se gestará la existencia de una verdadera democracia funcional en el país.